Quienes exigen fe ciega frente a la reciente reforma judicial lo hacen desde el privilegio de no ser víctimas del actual sistema de justicia mexicano.
Los casos hablan en nombre de las instituciones que administran la ley: pegan de gritos cuando éstas no funcionan o las distinguen cuando marchan bien.
Desde hace diez años el caso Ayotzinapa ha exhibido, acaso como ningún otro, las muchas falencias del sistema mexicano de justicia. En concreto, reúne los elementos que aseguran la impunidad sistemática: la desposesión de derechos que sufre quien vive en precariedad; la fabricación de teorías y culpables para proteger a los verdaderos perpetradores; el escenario de macrocriminalidad que gobierna, a partir de las empresas delincuenciales, extensos territorios del país; la voluntad política para defender el statu quo y la protección de las dependencias federales, incluido el Ejército y la Marina, a favor de los peores depredadores.
El último capítulo de la investigación sobre el caso Ayotzinapa es quizá el más desesperanzador. Dice el filósofo español José Antonio Marina que el mal, el peor de los males, es la expectativa no cumplida. Y eso fue justo lo que sucedió durante la administración de Andrés Manuel López Obrador quien, entre sus prioridades de gobierno, expresadas en 2018, prometió que atendería con una mirada distinta este caso.
En balance, a seis años de aquel compromiso, es evidente que no cumplió.
En vez de ello, el mandatario saliente finiquitó la obra emprendida por su antecesor: defendió al Ejército a tal punto que obstruyó la posibilidad de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias; justificó la tortura como medio para la obtención de testimonios fabricados; se esmeró en destruir la credibilidad de las organizaciones nacionales de Derechos Humanos y también al periodismo comprometido con la verdad; dividió a los padres y defenestró a sus abogados; acusó por último a la CIDH de ser brazo imperialista de intereses contrarios a la nación.
A diez años de Ayotzinapa, es obvio que la injusticia mexicana es resultado de la complicidad política, al más alto nivel, para negar la verdad.
Zoom: Nada de la nueva reforma judicial hará que este caso se resuelva de una manera distinta. Al revés, el control que tanto la presidencia como el Ejército tendrán a partir de ahora sobre los tribunales anuncia el definitivo e impune enterramiento del caso.