Estamos viviendo una realidad verdaderamente esperpéntica en este país. No se trata únicamente de lo siniestro y aterrador de la violencia –el alcalde de la capital del estado libre y soberano de Guerrero decapitado, luego del asesinato, unos días antes, de su principal colaborador (un paréntesis, amables lectores: ¿y así quieren que procedan las elecciones, dentro de poco, de los jueces y magistrados de nuestra vapuleada República, para que los ejecuten salvajemente si no resultan al gusto de los delincuentes?)— sino del estrepitoso deterioro de lo público.
Ya no se guardan siquiera las formas ni la más mínima corrección en los ámbitos de la política, y tras de que se profirieran muy destempladas diatribas en la suprema tribuna de la nación –por no hablar de declaraciones absolutamente impensables en un hombre de Estado, como lo de que una funesta pandemia le vino “como anillo al dedo” (¿qué fue exactamente lo que le resultó tan provechoso, señor mío, la muerte de 800 mil compatriotas?) o de que no le salieran con la cantilena de que “la ley es la ley”— los acólitos del popularísimo líder se sintieron facultados para brincarse las trancas, ellos también, y ser no sólo tan vulgares como el que más sino para soltar colosales barrabasadas.
Advierten, esos aplicados discípulos, de que está ocurriendo –o está a punto de ocurrir— un “golpe de Estado” en nuestra suave patria. ¡Ay, mamá! Pero, ¿por dónde, cómo, quién lo maquina, quién lo encabeza, qué enemigo interior podría estar tramando algo parecido? Pues ni más ni menos que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores, encabezados por su distinguida Presidenta.
El tema es que el antedicho tribunal constitucional –porque eso es, en los hechos: la instancia superior del Estado mexicano encargada de custodiar los principios inscritos en nuestra Carta Magna— está revisando, justamente, la constitucionalidad de las leyes promulgadas por el Legislativo (respondiendo ese Poder sin chistar a la correspondiente iniciativa del Ejecutivo) para que el pueblo bueno decida quiénes van a impartir justicia aquí, así sea que carezcan de las necesarias aptitudes, conocimientos jurídicos y experiencia.
Eso es lo que está pasando. Nada más.
De no creerse, que las huestes morenistas nos quieran engatusar con lo del tal “golpe”.