“No se han cumplido 24 horas cuando ya se han registrado diez homicidios en varias partes de la ciudad”, afirmaba una publicación en medios digitales el 23 de octubre de 2024. Este alarmante suceso pone de manifiesto que la violencia en México se ha convertido en un problema crónico, que repercute en la seguridad de la población, el tejido social, la economía y la imagen del país en el ámbito internacional.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documenta el proceso evolutivo de las cifras de los homicidios. Durante el sexenio de 1988 a 1994 se registraron 66 mil 305 casos, aumentando a 71 mil 196 entre 1994 y 2000. Sin embargo, de 2000 a 2006 hubo una reducción a 53 mil 275 eventos; tendencia que cambia entre 2006 y 2012, con 121 mil 613 casos, incrementándose a 156 mil 437 durante el periodo de 2012 a 2018, llegando a 196 mil 216 asesinatos de 2018 a octubre de 2024, un promedio de 92 asesinatos diarios.
Organismos internacionales como la ONU (2022)y la Universidad de San Diego (2021) afirman que el aumento de la violencia en México se relaciona con el incremento de las operaciones, el poder y la influencia del crimen organizado y la limitada capacidad del Gobierno mexicano para mantener el control, incluso entre los propios funcionarios, considerando que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de garantizar la seguridad de la población, la protección de los derechos humanos, la prevención del delito y el mantenimiento del orden público y la paz social.
La actual aplicación de la teoría de la prevención se basa en establecer delitos y penas severas que desincentiven o disuadan a los potenciales delincuentes. Sin embargo, la experiencia indica que la efectividad no radica solo en la amenaza hacia el criminal, sino en el cumplimiento riguroso de la ley. Por lo tanto no es suficiente contar con recursos humanos, materiales y financieros; es fundamental la colaboración efectiva entre las diferentes instituciones como la Policía, el órgano investigador y el sistema judicial.
Por su parte, estudios como los realizados por María Luján (2013), Carlina Fernández y José Mendoza (2018) plantean que la efectividad de esta responsabilidad requiere además de la actuación decidida y efectiva del Gobierno, de la colaboración y el compromiso de todas las personas, considerando el relevante papel de la sociedad en la perpetuación o en la mitigación de la violencia.
La normalización de la misma, derivada del incremento de los homicidios, extorsiones, enfrentamientos, secuestros, etcétera, contribuye a generar resignación y desinterés por buscar soluciones. Esta aceptación disminuye el sentido de comunidad y solidaridad, perpetuando un ciclo de indiferencia.
La cultura juega un papel crucial, ya que la representación de la violencia en medios de comunicación, el cine y la música, etcétera, contribuyen a desensibilizar a la población, desde la apología del delito y la glorifica a figuras del crimen, influenciando a jóvenes a considerar la violencia como una opción.
El sistema educativo tiene la responsabilidad de promover valores como el respeto y la resolución pacífica de conflictos, pero enfrenta limitaciones por la de recursos, la corrupción y el abandono al sector educativo, afectando el desarrollo de saberes, capacidades y habilidades básicas, impidiendo además la formación de ciudadanos críticos y comprometidos.
La desigualdad económica es un factor determinante en la perpetuación de la violencia, especialmente en comunidades vulnerables donde la falta de oportunidades, acceso a servicios básicos como alimentación, salud, educación y empleo, impulsan a muchos jóvenes hacia el crimen como medio de subsistencia.
La violencia en México es un flagelo que se ha incrementado considerablemente en las últimas décadas. Es fundamental entender que desarticularla es una tarea colectiva que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad, comenzando por las familias que deben educar a sus hijas e hijos en valores de respeto y solidaridad. Además, es necesario combatir la impunidad fomentando una cultura de denuncia, superando el letargo que el miedo y la desconfianza en las autoridades generan, asumiendo un rol activo en la defensa de los derechos y la justicia.
Solo a través del esfuerzo y compromiso conjunto entre la sociedad y las autoridades, asumiendo cada quien sus respectivas responsabilidades, podremos enfrentar y, ¿por qué no?, transformar esta realidad, desde la esperanza de un México pacífico y solidario.
Rosa Isabel Medina Parra
Investigadora por México, adscrita a El Colef-Ciudad Juárez
* Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien escribe. No representa un posicionamiento de El Colegio de la Frontera Norte