La situación histórica de violencia y discriminación contra las mujeres se agrava en contextos de militarización, como se vivió durante los sexenios pasados, cuando la sociedad civil documentó violencia contra las mujeres cometida por soldados y marinos.
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De acuerdo con la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Melissa Zamora Vieyra, hoy en día muchas de estas violaciones a Derechos Humanos hacia mujeres siguen en la impunidad porque no hubo controles ni sanciones para el actuar de los militares.
Esta es una de las razones por las que preocupa que desde mayo las fuerzas armadas puedan realizar operativos, detener personas, asegurar bienes, realizar labores de vigilancia, entre otras actividades, como lo indica el acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Las mexicanas han sido víctimas de los abusos castrenses sin que haya castigo para los agresores. En particular, en las comunidades indígenas desde hace décadas los militares han llegado para apropiarse del territorio, de la vida comunitaria y del cuerpo de las mujeres.
La decisión de entregar, legalmente, a soldados y marinos la facultad de realizar labores de seguridad pública es una “invasión a la tranquilidad de las mujeres”, así lo consideró la coordinadora de Alianza de Mujeres indígenas de Centroamérica y México, la zapoteca, Arcelia García Santiago.
Uno de los primeros casos documentados ocurrió hace 25 años: la detención ilegal, violación y tortura cometida por militares mexicanos en contra de las indígenas tzeltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez, en el municipio de Altamirano, en el estado de Chiapas, el 4 de junio de 1999.
La líder indígena recordó que desde antes de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa llamó a los elementos castrenses a combatir el crimen organizado, las mujeres indígenas ya eran víctimas de las violaciones cometidas por el Ejército.
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Además de las indígenas tzeltales, en 2007 la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario fue violada en Zongolica, en Veracruz; en 2002 las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en Ayutla y Acatepec, respectivamente, en Guerrero.
De acuerdo con Arcelia García Santiago, para las indígenas la militarización significa desplazamiento forzado, miedo, aumento de la violencia en las comunidades y la negación de la libertad de tránsito, pues cuando hay presencia militar ellas prefieren no salir para evitar situaciones de violencia sexual.
Los excesos del Ejército y la Marina durante la estrategia del combate al crimen organizado también fueron evidenciados por colectivos y organizaciones civiles.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, junto con el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Asociadas por lo Justo, documentaron que las violaciones sexuales y otros tipos de abuso sexual contra las mujeres, cometidos por los uniformados como medio para obtener información, declaraciones o simplemente como una demostración del poder masculino.
Uno de los casos más recientes documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue el de una mujer que denunció que el 23 de diciembre de 2008 un grupo de ocho soldados irrumpió en su domicilio, en el estado de Chihuahua, para golpearla y preguntarle por ciertos objetos ilícitos. Ella fue torturada y violada sexualmente para que se inculpara de diversos delitos.
Hasta ahora cualquier imprevisto, según el acuerdo presidencial, será atendido por los órganos de control de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional, aun cuando las agrupaciones civiles han señalado que estos órganos tienden a cubrir actos de violaciones a Derechos Humanos o de corrupción.
El consenso entre agrupaciones y organismos de Naciones Unidas es que la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública debe de estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza.
Aun así, el argumento del presidente Andrés Manuel López Obrador para confiar en el actuar castrense es que en el Ejército mexicano respeta los derechos porque es una institución conformada por campesinos, obreros, comerciantes, porque es “pueblo uniformado”.