Claudia Barrera Rangel, titular del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, reconoció como un gran avance que el delito de halconeo se haya tipificado en el estado como delito y con una pena máxima de castigo de 13. 5 años de prisión.
“Todo lo que venga a abonar para la seguridad, para el fortalecimiento de las leyes del estado de derecho, es bienvenido, porque no era posible que funcionarios, servidores públicos, policías, ex policías quedaran exentos de que se les pudiera dar una pena para aquellos que están filtrando información privilegiada”, declaró Barrera Rangel.
Sophia Huett López, comisionada de Seguridad en el estado de Guanajuato, calificó la aprobación del Congreso como un “esfuerzo legislativo” con el que se busca erradicar un problema que en algunas ocasiones se ha presentado en la entidad.
“Hay personas con puestos en el servicio público, con cargos que pudieran hacer uso de esta información de forma indebida como brindarla a organizaciones delictivas para usarla con otro fin”, indicó Huett López.
Agregó que este tipo de modificaciones a la ley refuerza mecanismos de seguridad como las pruebas de control y confianza a los elementos de seguridad de cualquier corporación.
En cuanto a los uniformados estatales comentó que en los próximos días se les informará sobre los alcances de la reforma aprobada recientemente.
“Dejar muy claro cuáles son los alcances de cuando alguien se desvía de su función y creo es para todos los y las policías, de todas las corporaciones, si bien los exámenes de control son parte de estos mecanismos internos, esta ley refuerza, sobre todo, un tema particular, cuando se detecten este tipo de conductas no solo se quede en las comisiones de honor y justicia sino trasladarnos a materia penal”, comentó.
El miércoles 31 de julio de este año en sesión extraordinaria, el pleno del Congreso de Guanajuato aprobó en lo general y de manera unánime la iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar las actividades de halconeo, por lo que la pena máxima por este delito sería de 13 años y medio.
Se propuso modificar el artículo 222-a para establecer una pena mayor a servidores públicos del estado y los municipios en activo que faciliten información para la realización de conductas delictivas. También se contempla su destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
“A quien realice cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública (...) se le sancionará con tres a nueve años de prisión y de 30 a 90 días de multa”, se lee en el dictamen.
Si el imputado es integrante de alguna institución de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción se aumentará hasta con una mitad del máximo de la pena arriba señalada, es decir, 13 años y 6 meses de prisión.
Para los ciudadanos
También se adicionó el artículo 222-b para sancionar con hasta 7 años y medio de prisión y 75 días de multa a civiles que sean encontrados culpables de acechar, vigilar, o proporcionar información sobre las actividades oficiales de integrantes de instituciones de seguridad pública, con la finalidad de entorpecer o evitar el cumplimiento de sus funciones, ocasionarles un daño o cometer un delito. La pena aumentará hasta en una mitad del máximo, equivalentes a 10 años y 6 meses de prisión, cuando este delito se cometa por ex agentes policíacos, de procuración, administración de justicia o ejecución de penas, y además serán inhabilitados para desempeñar cargos públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.