La pandemia de la covid-19 está detonando una economía de inseguridad laboral y el aumento de las brechas de la desigualdad ante personas de bajos ingresos se están haciendo más pobres y los ricos concentran más bienes y recursos, advirtió el investigador jesuita en teología, Élio Estanislau Gasda.
Durante su participación en la Cátedra Eusebio Francisco Kino, SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla, el investigador en de la Facultad Jesuíta de Filosofía y Teología de Belo Horizonte, Brasil, lamentó que el trabajo no se traduce en mayores ingresos ni en un camino para salir de la pobreza.
Las sociedades contemporáneas afectadas por la pandemia viven nuevos tipos de inseguridad en donde los derechos humanos son violados de forma constante y donde se aprecia un incremento de la violencia, expresó.
“Las sociedades contemporáneas viven nuevos tipos de inseguridad. Muchas de ellas, desnudadas por la covid-19, son producto de las debilidades del modelo de civilización y los sistemas económicos, los cuales pueden escalar a programas de necrocapitalismo”, apuntó.
La economía de la inseguridad laboral se relaciona con los altos índices de desempleo y la precarización de los trabajos, sin servicios de salud y con salarios que impiden adquirir una canasta para una alimentación adecuada.
“Miles y miles de personas trabajan en condiciones degradantes a cambio de una remuneración indecente. Los ricos no se preocupan por esa barbarie social. Trabajar no se traduce necesariamente en salir de la pobreza.
De forma adicional a la pandemia, los efectos del calentamiento global impactan con mayor agudeza a las personas más pobres, lo que potencia los movimientos migratorios por razones ambientales y la búsqueda de mejores lugares para vivir.
El Estado surgió a finales del siglo XVII con la necesidad de racionalizar el poder y garantizar la seguridad jurídica para los ciudadanos. En el contrato social, se estableció que el Estado debía contar con el monopolio del uso legítimo de la fuerza para garantizar el bien común y determinar el rumbo que debe seguir la sociedad, explicó.
En la actualidad, se presenta un déficit en las políticas públicas sociales y en la generación de empleo e ingresos, ante lo cual, las fuerzas de seguridad del Estado son el pretexto para garantizar su hegemonía y estabilidad económica.
“La justicia no es solo una categoría política, es antropológica. Los seres humanos estamos llamados a la justicia. Es la virtud por excelencia. Cada acto de injusticia es muestra de nuestra deshumanización”, destacó el especialista.
Desde antes de la pandemia y durante el confinamiento por los casos de covid-19, aumentó la criminalización de la pobreza y las periferias, lo que permite la operación de una necropolítica basada en el poder de decidir quién debe vivir y quién no.
“Con esta lógica, el ejercicio político se convierte en una guerra contra los pobres, los indígenas y las mujeres. Hay un encuentro entre neoliberalismo y necropolítica en la pandemia”, apuntó el teólogo brasileño.
Ante las adversidades, la propuesta del investigador jesuita se centra en la construcción de una sociedad fraterna que se basa en la justicia, un atributo central.
“El sistema económico actual contiene el pecado vital: el dinero da la idolatría, y donde hay idolatría desaparecen Dios y la dignidad humana”.
Por último, el filósofo invitó a aprovechar las dificultades de la pandemia para establecer nuevos pactos sociales que contrarresten los efectos de la cultura de mercado. Para ello, es necesario plantear formas de organización social que pongan a la economía al servicio de las personas y que privilegien el bien común y la dignidad humana.
mpl