El agravamiento de la violencia contra las mujeres y los pueblos indígenas, así como la falta de acceso a bienes y servicios que se desprenden de los derechos humanos, demostraron un "patrón de ineficiencia estatal", explicó Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla.
La crisis sanitaria provocada por el covid-19, de acuerdo con la investigadora de la Ibero, es un llamado a la acción en aras de la supervivencia propia y de los seres amados.
El panorama actual establece que los retos se presentan en múltiples escalas y manifestaciones: desde la adaptación a los nuevos lenguajes comunicacionales hasta la resistencia permanente que supone hacer frente a la violencia, desigualdad y discriminación.
“La transformación de las sociedades ha supuesto reconocer múltiples dificultades que se habían convertido en una parte difusa del entorno. De repente, las estadísticas se han convertido en historias; personas que, día con día, son violentadas y puestas en vulnerabilidad por un sistema que las ha excluido”, explicó la investigadora.
La pandemia que generó el aislamiento y la llamada jornada de sana distancia es una crisis, pero en el fondo hay una falta de atención y de políticas para ciertos sectores de la población que, históricamente, han estado desventajados, destacó Arrambide.
“La crisis es visible con el agravamiento de la violencia contra las mujeres y los pueblos indígenas, así como la falta de acceso a bienes y servicios que se desprenden de los derechos humanos. Las omisiones al sistema de derechos, delata un patrón de ineficiencia estatal en el que está sumido el país, con o sin covid-19”, apuntó.
Expresó que, actualmente, una de las principales certezas en medio de la pandemia es que “ni el búnker mejor provisto está exento de librar la batalla del diario vivir”.
Como parte del análisis “El nuevo mañana”, Arrambide González explicó que, en marzo de este año, Puebla registró un aumento de 23.5 por ciento en llamadas de auxilio y de 11 por ciento en violencia sexual; además, se contabilizaron 20 mil 236 delitos de violencia familiar.
“Las aspiraciones en la normalidad emergente deberían apuntar hacia sociedades más igualitarias con una protección social amplia y que incluya acceso a la salud, un ingreso ciudadano universal y tolerancia a la desigualdad y la pobreza por parte de la sociedad”, expresó.
Por último, Miguel Calderón Chelius, coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, señaló que las carencias acumuladas en materia económica y sanitaria, así como la incapacidad de concretar políticas públicas, limitan las acciones del Estado mexicano.
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