La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, propuso la Legislatura del Estado de México reformar el Código Penal para endurecer las penas en contra de talamontes para que se les imponga hasta 25 años de prisión y de 2 mil a 3 mil 500 días de multa para reducir la incidencia de este delito y proteger el medio ambiente.
- Te recomendamos Detienen a presuntos talamontes en Tenango del Valle Policía
Actualmente se castiga con 5 a 15 años de prisión
El ajuste es al artículo 229, donde actualmente se establece que al quien, sin autorización legal realice, auxilie, coopere, consciente o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de los montes o bosques, cualquiera que sea su régimen de propiedad, tenencia o posesión de la tierra se le aplican actualmente de cinco a 15 años de prisión y de 500 días multa.
Pero con la reforma se pide que esta penalidad aumente de 10 a 20 años de prisión y de mil a mil 500 días de multa, y cuando se emplean instrumentos como motosierra, sierras manuales, vehículos, camionetas o camiones cargados, participen servidores públicos, la penalidad será de 15 a 25 años de cárcel y de 2 mil a 3 mil 500 días de multa.
Cárcel por dañar áreas protegidas
En el artículo 230 la penalidad actual es de 5 a 15 años de prisión y de 100 a 500 días de multa a quien dolosamente deteriore, por el uso, la ocupación o el aprovechamiento, un inmueble que por decreto del Ejecutivo del Estado haya sido declarado área natural protegida en sus diferentes modalidades de reservas estatales, parques estatales, parques municipales, reservas naturales privadas o comunitarias, parajes protegidos, zonas de preservación ecológica de los centros de población y las demás que determinen las leyes y reglamentos de la materia.
A comisiones
La iniciativa de ley fue turnada a comisiones para su análisis en los próximos días, luego que la titular del Ejecutivo señaló en el documento que resulta urgente implementar medidas legales para frenar la deforestación y promover la conservación y restauración de las áreas forestales, la supervivencia de las especies y la lucha contra el cambio climático, así como para garantizar el desarrollo sostenible, el equilibrio ecológico y el bienestar económico y social de las comunidades.
En la exposición de motivos se refiere que la Protectora de Bosques tiene identificadas 10 mil 653.2 kilómetros cuadrados de superficie forestal, equivalente a casi 48 por ciento del territorio mexiquense; no obstante, la amenaza de la tala ilegal sigue siendo una preocupación para la sociedad y el gobierno, sobre todo por la impunidad.
Hay 53 zonas ecológicas
En el año 2020 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que existen 53 zonas ecológicas del Estado de México afectadas por delitos ambientales, específicamente por la tala ilegal.
Tan solo en 2022 se perdieron 1 mil 310 hectáreas de bosques maderables por causa de la tala ilegal, en especial en los municipios de Lerma, Ocoyoacac, Zinacantepec, Huixquilucan, Jilotzingo, Joquicingo, Xonacatlán, Atlautla, Amecameca, Villa Guerrero, Tianguistenco, Texcaltitlán, Tenango del Valle, Villa de Allende, Ocuilan, Calimaya, Temascaltepec, Villa del Carbón, Texcoco y Donato Guerra.
kr