Ante el inicio de la llamada nueva normalidad, en el país y en estados como Puebla se abre la posibilidad de que se impulse un nuevo modelo económico que se base en el respeto a los derechos de las personas, en particular de los colectivos indígenas, y en la preservación del medio ambiente, expresó el rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez.
Durante el foro virtual “Extractivismo y defensa de los territorios. Debates para un mundo poscapitalista”, organizado por la Ibero Puebla y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Patrón Sánchez destacó que la emergencia generada por el coronavirus mostró la desigualdad estructural y los problemas que dejó un modelo que solo se basa en la lógica del mercado y la acumulación de capital.
“Hoy más que nunca, en época de pandemia, se ha hecho patente la desigualdad estructural, la cual se basa en un modelo hegemónico construido por la lógica del mercado y la acumulación de capital. Es con base a este modelo de desarrollo, que los bienes comunes, el hábitat en su conjunto han entrado en la lógica del mercado como cosas susceptibles de ser vendidos y apropiados por quienes tienen la capacidad económica de explotarlos, ideología que pone por delante las condiciones de inversión del poder económico, sobre los territorios que detentan recursos naturales”, lamentó.
Aseguró que la llegada de la nueva normalidad es una oportunidad para impulsar la economía social o economía social y solidaria que se refiere principalmente a las relaciones de producción y distribución que están organizadas por el principio de solidaridad y no persiguen el lucro.
“La nueva normalidad nos brinda la oportunidad de reconceptualizar el desarrollo, no como un modelo divorciado de la preservación del medio ambiente y de los derechos colectivos indígenas, sino como una idea para crear procesos virtuosos de sustentabilidad”, explicó Patrón Sánchez.
Lamentó que en diferentes zonas del territorio mexicano se presente el fenómeno del extractivismo en el que indígenas y campesinos de comunidades que viven asentadas en zonas geográficas con subsuelos ricos en minerales, ven vulnerados sus derechos con las políticas y reformas normativas aplicadas, al menos, desde el año 1992, en el contexto de la entrada del Tratado de Libre Comercio (TLC).
En su oportunidad, Juan Luis Hernández Avendaño, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla, resaltó que ningún gobierno de América Latina ha podido sacar a las empresas extractivistas y, en el mejor de los casos, sólo han pactado, condiciones fiscales e impositivas que no tenían gobiernos anteriores.
Comentó que, en el caso de México, el modelo extractivista como lo conocemos no cambiará; sin embargo, lo que se modificará son los intereses que tenían los empresarios nacionales y transnacionales, así como la creación de megaproyectos propios, el juego político y económico con otros países.
Por su parte, Dolores González Saravia, integrante de la agrupación Servicios y Asesoría para la Paz, explicó que el gobierno federal no ofertó ni prometió un cambio estructural ante los procesos que se están registrando en zonas ricas en minerales.
“No tiene un camino estructural, tiene cambio de políticas a favor de programas más acotadas, parte del plan económico- que busca cerrar la brecha de desigualdad. Es un gobierno que va en la línea del modelo extractivo, abriendo su ruta económica a través de megaproyectos”, explicó.
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