Clasificar como lesiones no graves las puñaladas, proteger al agresor en lugar de la víctima, acudir a denunciar y recibir maltrato por parte las instituciones de Procuración de Justicia, aún cuando se trata de feminicidio, forman parte del reporte de irregularidades cometidas contra 114 mujeres que sufrieron abuso, acoso, violencia sexual o bien, fueron víctimas de homicidio en la Ciudad de México.
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Juan Carlos Arjona Estévez, cuarto visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), dijo que del análisis de los 241 expedientes de quejas presentadas, los principales autoridades señaladas son la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de Educación Media Superior, los Servicios de Salud, y el Registro Civil.
Tras la investigación, la CDHCM emitió las recomendaciones 6,7,8 y 9 de 2019, sobre diversos casos de violencia, entre ellas mujeres que quejaron de las instituciones de procuración de la justicia, y que habían recibido más de 10, 14 puñaladas y cuyas lesiones fueron clasificadas como violencia intrafamiliar, en lugar de identificarlas como un delito grave.
En el Informe sobre las Violencias de Género en la Procuración de Justicia en la CDMX, Arjona Estévez, dijo que en la recomendación 6/2019, la CDHCM identificó 28 víctimas directas y seis víctimas indirectas en 21 expedientes relacionados con hechos cometidos por las autoridades antes mencionadas.
El proceso de documentó a través de 122 entrevistas con las diversas víctimas, análisis de las carpetas y expedientes, 53 solicitudes de información a diversas instituciones y 26 medidas precautorias, revisiones en centros laborales y educativos, asimismo reuniones de trabajo.
Sobre violencia familiar, la recomendación 7/2019identificó 20 expedientes, con 30 víctimas directas, seis indirectas, dirigidas a la PGJ y SSC de la CDMX.
“Lo que encontramos en común es que hay una violencia institucional de trato hacia las víctimas cuando denuncian este tipo de violencia familiar. Hay una negativa para iniciar las carpetas de investigación, y la falta de pruebas periciales, por tratarse de un delito de índole privado y oculto, propicia que la carga de la prueba caiga de manera excesiva en las víctimas”, aseguró.
Y cuando hay pruebas físicas, abundó, la investigación efectuada por la autoridad la realiza de manera deficiente, sin perspectiva de género, imponiendo la “violencia machista y la opresión que todavía existe hacia las mujeres”, para llevar a cabo las diligencias penales, protección a víctimas.
En ocasiones, la CDHCM identificó que las autoridades dieron protección a los agresores y no a las víctimas.
La tercera recomendación 8/ 2019 se integra con 18 expedientes de queja que involucra a 17 víctimas directas, cinco víctimas indirectas, en donde los patrones son similares, maltrato y descrédito hacia las víctimas, con lo que se les niega el acceso a la justicia y mal manejo de las pruebas periciales, atención y valoración psicológica, necesarios por el impacto de los casos de violación y abuso sexual.
La recomendación 9/2019 alude a los casos de feminicidios y contiene 20 expedientes de queja, entre 2016 y 2019, con 17 víctimas directas, cinco indirectas, dirigidas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Procuraduría General de Justicia y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
“Encontramos violencia institucional así a los familiares que se acercan a las autoridades. Se les informa de manera inadecuada el deceso el de la familiar, de forma muy agresiva. También hay irregularidades en la preservación de las pruebas periciales tanto en el espacio público y privado donde se cometieron los feminicidios. Hay información que se va diluyendo por la mala atención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Procuraduría General de Justicia, escasos o nulos testimonios anteriores e indicios que derivaron en el feminicidio”, dijo.
OVM