El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, busca por tercera ocasión suspender el proceso penal en su contra por el incendio en el que murieron 40 migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, denunciaron organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, quienes además advirtieron irregularidades en el caso.
“Por tercera ocasión, F.G.Y, actual comisionado del INM, ha solicitado un recurso de suspensión condicional del proceso con el fin de eludir su responsabilidad penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público”, advirtieron.
“Destacamos que no es su primer intento por evitar la acción penal. En el pasado, el comisionado ha propuesto pagar la diferencia del valor de los daños materiales al inmueble siniestrado, sin considerar la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas fallecidas ni a los sobrevivientes para absolverse del delito”.
A través de una carta pública dirigida a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y a la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresaron su preocupación por el proceso penal por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez.
Señalaron también que dicho proceso ha estado marcado por irregularidades, entre ellas la resolución apresurada de algunas causas penales y la restricción de la participación de la sociedad civil en las etapas judiciales.
“Nos genera preocupación, ya que podría interpretarse como un intento de acelerar el proceso en beneficio de los intereses del imputado”, expresaron las organizaciones.
En este contexto, las organizaciones exigieron varias medidas para garantizar la justicia, la verdad y la reparación integral para las víctimas. La primera de ellas es la “remoción inmediata” del titular del INM, debido, dijeron, a su falta de imparcialidad y a su historial de violaciones a los derechos humanos.
“Durante su gestión al frente del INM, se ha impulsado una política de contención y militarización, lo que ha contribuido al incremento de la violencia y delitos cometidos contra las personas migrantes y sujetas de protección internacional”.
Las organizaciones, entre las se encuentran la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, Sin Fronteras IAP, La 72 y Asylum Access México, demandaron que se asegure la imparcialidad en las investigaciones sobre el incendio, subrayando que el proceso no debe estar condicionado por intereses políticos o partidistas.
“El Gobierno de la República debe abstenerse de respaldar cualquier acción que busque exonerar al comisionado de sus responsabilidades”, indicaron en la carta.
El incendio de marzo de 2023, dejó un saldo de 40 migrantes fallecidos, 27 personas lesionadas y 15 mujeres sobrevivientes con secuelas psicoemocionales, por lo que las organizaciones exigieron justicia efectiva y reparaciones para las víctimas.
“Esperamos que el gobierno actúe con urgencia y compromiso, garantizando justicia, verdad y reparación integral para las víctimas, y tomando las medidas necesarias para prevenir futuras violaciones contra las personas migrantes en México”, agregaron.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran también la Red Franciscana para Migrantes, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) y la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM).
- Te recomendamos Migrantes colombianos siguen arrestados en Tijuana; INM señala inconsistencias en documentos Estados
GGAC