El juez del Juzgado Central de Instrucción Número Dos de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno, decretó prisión sin fianza a Eduardo Fernández García, ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y ahora el gobierno de España está en espera de que las autoridades mexicanas envíen la documentación correspondiente para que se cumpla la extradición.
Fuentes judiciales del organismo explicaron a MILENIO que el ex titular del órgano reguladoir, detenido el viernes en Madrid a petición de México por el presunto delito de tentativa de extorsión, se opuso a su entrega a México. Enseguida el magistrado le comunicó su ingreso a una cárcel madrileña. Las autoridades mexicanas tienen un espacio de 40 días para presentar la documentación formal reclamando la extradición.
A partir del envío de dicha documentación a España no existe un tiempo concreto para completar la extradición que, como mínimo, podría concretarse en uno o dos meses.
Fernández García, que presidió la CNBV en el gobierno de Ernesto Zedillo, contaba con una ficha roja de Interpol como consecuencia de una orden de aprehensión girada por un juez de la Ciudad de México por el delito de tentativa de extorsión.
La detención se da en el contexto de una denuncia que Fernández García interpuso ante la Comisión de Valores estadunidense (SEC, por sus siglas en inglés) en la que afirmó que los empresarios Emilio Azcárraga Jean, Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, presidente y vicepresidentes de Televisa, respectivamente, hicieron “transacciones ilegales y una serie de maniobras furtivas” para el presunto lavado de 40 millones de dólares, de los que Fernández García afirmó eran “sobornos procedentes de las arcas públicas de México o de otras actividades ilegales y delictivas”.
La denuncia se presentó el 6 de octubre de 2022 a la SEC, relatando sucesos ocurridos entre 2008 y 2011.
Con anterioridad, en mayo de 2016, Fernández García había mandado una carta al diario estadunidense The Wall Street Journal, en la que involucraba a los ejecutivos de Televisa en estos presuntos hechos ilícitos.
En respuesta, la empresa Televisa acudió a la firma legal Watchell, Lipton, Rosen & Katzy y Kramer, Levin, Naftalis y Frank, que determinaron que los hechos denunciados por Fernández eran falsos.
Vía comunicado, Televisa informó en julio de 2016 que “la investigación ha terminado, y los Abogados presentaron sus hallazgos y conclusiones al Comité de Auditoría y al Consejo de Administración de la Compañía, concluyendo la falsedad de cada una de las referidas acusaciones.
Como resultado de los hallazgos de la investigación y las conclusiones que resultaron de la misma, el Comité de Auditoría y el Consejo de Administración de la Compañía aprobaron, de manera unánime, las conclusiones presentadas, mismas que encontraron, entre otras cosas, que existe evidencia significativa que desacredita cada una de las acusaciones de actos indebidos”, señala la comunicación de Televisa.
En contraste, Eduardo Fernández afirma que en México también se realizó una investigación en la entonces PGR, sobre los hechos descritos en dicha carta anónima publicada en 2016 en WSJ.
Eduardo Fernández García ya había sido detenido en el año 2003, acusado de presunto ejercicio indebido del servicio público y revelación del secreto bancario. Se le acusó, entre otras cosas, de dar a conocer cuentas bancarias supuestamente utilizadas para el financiamiento de la campaña del expresidente Vicente Fox. Estuvo un mes bajo arresto domiciliario, pero finalmente fue puesto en libertad porque la acusación carecía de indicios.