México se ubica entre los primeros seis países de venta y distribución de medicamentos falsificados y clandestinos a nivel mundial que, generan no solo daños adversos a la salud de los pacientes, sino también un “mercado negro” a los delincuentes superior los 30 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).
“El valor total del mercado negro de fármacos en México puede ir de 650 a mil 500 millones de dólares al año, es decir, entre 13 mil millones y 30 mil millones de pesos anuales”, argumentó la Canifarma.
En tanto, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) aseveró que “México ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la venta de medicamentos falsificados donde seis de cada 10 de fármacos, incluyendo insumos, que se comercian son de procedencia ilícita”. India, China, Brasil, Rusia y Estados Unidos, ocupan los primeros lugares
Se trata de un negocio “muy redituable” que creció durante 2010 en más de un 40 por ciento y es promovido por delincuentes de “cuello blanco” —sin excluir la posibilidad de que participen cédulas de narcotraficantes—, que han extendido sus redes de conexión a las aseguradoras; a hospitales, básicamente, privados; a internet; farmacias y laboratorios legales que crean “empresas fantasmas”.
Por ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) arrancó una severa estrategia contra la circulación de “medicamentos falsificados y medicamentos irregulares” publicando una lista negra de 51 establecimientos, hasta ahora, que contiene los nombres de las “distribuidoras”.
Son empresas, a veces simples domicilios, que han incurrido en ese delito de almacenar, distribuir y vender tanto de fármacos falsos, como los que ingresan ilegalmente a México, inclusive productos médicos alterados, caducados, en mal estado para su consumo humano.
La estrategia, de acuerdo con Bertha María Alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria de la (Cofepris), se basa en desmantelar aquellas “empresas” que falsifica, por ejemplo, tratamientos aparentemente para combatir covid como son Actemra (tocilizumab) y RoActemra - utilizado en el tratamiento contra la artritis, incluso, de Remdesivir (aprobado para el Sars-Cov-2) pero cuyo manejo es hospitalario.
También, dijo en entrevista con MILENIO, hay medicamentos oncológicos, como es el caso de Keytruda (para mama); de Epclusa (sofosbuvir/ velpatasvir), producto utilizado en el tratamiento de la hepatitis C.
Del antirretroviral Atriplia (Efavirenz, Emtricitabina, Tenofovir) para el tratamiento contra el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH-Sida); Cialis, para la disfunción eréctil, y Forxiga, utilizado para el control de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
“Buena parte de ellos son medicamentos de alta especialidad, es decir medicamentos de alto costo. Medicamentos que se obtienen a través de aseguradoras. Ese es otro punto en común, es decir, las aseguradoras refieren con determinados proveedores a los pacientes, a sus clientes y compran ese tipo de medicamentos”, explicó Alcalde Luján.
“Son costosos y, al final, son lo más rentable para algunas empresas o fabricantes turbios de este tipo de insumos que ponen en riesgo la salud de las personas”, añadió la comisionada tras referir que se cuenta ya con una base de datos de eventos adversos causados a la población por productos falsificados.
Se trata de “medicamentos que se adquieren sin una factura. Una factura que especifique el lote del medicamento, la fecha de caducidad del medicamento, la marca, ¿cuál es la sustancia activa?
“No se encuentra una factura ni un recibo de recepción, lo que dificulta mucho a la autoridad sanitaria poder lograr, definir, quién es el responsable de la fabricación de este medicamento. Esta es parte de las razones por las que publicamos está lista”, aclaró.
“Hay casos en los que encontramos hasta seis o siete empresas involucradas en la compra de un mismo medicamento. ¿Qué quiere decir?, que se diluye la responsabilidad de estas empresas que no toman los controles necesarios para evitar comprar y vender estos medicamentos, porque además no cuentan con personal especializado que permitan identificarlos”.
En la estrategia también han detectado distribuidoras localizadas en diversas partes del país, básicamente, en Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Michoacán y Sinaloa que almacenan medicamentos adquirido por internet, que fueron introducidos, sin registro de validación, de Bangladesh, La india, y Turquía, asimismo, de Estados Unidos cuyo ingreso se da de manera terrestre.
“Son países que tienen una industria muy importante de fabricación de medicamentos formales e irregulares, pero aclaro, esto no quiere decir que estemos señalando todo lo que viene de aquellos lugares es irregular”, señaló.
Hay tres entidades donde prolifera la comercialización de medicamento prohibido y robado: El Santuario en Guadalajara, Jalisco; Tepito, los mercados de Tláhuac y de San Felipe, en la Ciudad de México, y El Salado, en Mexicali, Baja California.
La comisionada comentó que dentro de la estrategia contra medicamento irregular se detectó que las distribuidoras carecen de infraestructura para conservar los fármacos de alta especialidad en condiciones óptimas, con una adecuada temperatura y red de frío, bajo ciertos parámetros de conservación.
La autoridad sanitaria ha encontrado fármacos en terrenos o en domicilios plagados de fauna nociva, que resultan altamente tóxicos por carecer de la red de conservación requerida de las sustancias activas, o que no sirven.
“Hay empresas que envían sus medicamentos por paquetería. ¿Qué quiere decir esto?, sí yo envío por paquetería a un tercero, no estoy cuidando las condiciones en las cuales se transportó el medicamento y llegó hasta el paciente, hasta una institución donde se haya aplicado. Por eso hay que tener cuidado del modo en que se entrega el medicamento”, dijo.
En las verificaciones también han detectado empresas fantasmas. “Más allá de este tema de corrupción, de evasión fiscal y de otro tipo de problemáticas que corresponden a otras autoridades, son establecimientos que, de acuerdo a nuestras propias verificaciones, o no existen, o no tienen un almacén, o no están autorizados por la Cofepris”.
¿Hay injerencia del narcotráfico? “No tenemos evidencia de esa relación, pero efectivamente hay coincidencias. Jalisco y Nuevo León, históricamente han estado vinculados con la venta irregular de medicamentos, de algunos de ellos, efectivamente, con delincuencia organizada”.
“Pudiera haber vínculos con estos grupos. Estas empresas, muchas de ellas, pues pudieran ser fachadas… sabemos que, en algunos casos, no cuentan con actividades reales de almacén de medicamentos y, por eso es difícil encontrar los domicilios y a los responsables. Son empresas fachadas de otras empresas que están realmente a cargo de la fabricación y venta de los medicamentos”, acotó.
La Cofepris trabaja con la Fiscalía General de la República por tratarse de delitos graves. “Son delitos” y por falsificación la ley establece “una pena de tres a 15 años de prisión”.
En lo que compete a la Cofepris las sanciones son de cierre temporal o clausuras definitivas. “Multas que llegan a ser entre los 500 mil pesos, no, hasta los 2, 3 4 millones de pesos. Están establecidos diversos rangos, de acuerdo con las características del medicamento. Son diversas los tipos de multas, por lo regular suben del medio millón de pesos”, detalló.
“Estamos también trabajando con la Procuraduría, la Fiscalía, con el S.A.T., con aduanas, para poder reforzar el trabajo que se hace para cuidar las fronteras y no ingrese este tipo de medicamento al país”, puntualizó.
Además, se están estableciendo acuerdos de vigilancia activa con cada entidad federativa del país.
Entre los establecimientos irregulares enlistados se encuentran: Quimilabtec, Ethomedical y Germancy, en Nuevo León; Oncofarmacos de México y Suministros Médicos Estrella, en Jalisco; Banco Farmacéutico, en Sinaloa; y Hemiflo, en Yucatán.
El listado de distribuidoras irregulares se actualizará constantemente y, del mismo modo, aquellas que quieran corregir cuestiones de documentación (porque también se incluyen a las que le faltan permisos) podrán hacerlo y estar legales.
Será complicado poner un tiempo para acabar con este mercado. “Estamos ante una corrupción histórica con el negocio con la salud” desde sexenios pasados.
LG