Trabajan desde hace 17 años en atender la violencia, salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas en zonas indígenas; sin embargo, no cuentan con ningún apoyo del gobierno, por lo que, además de la crisis sanitaria en las comunidades, deberán hacer frente a la económica.
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Reporteras de la Red Nacional de Periodistas (RNP) recopilaron los testimonios de las dirigentes indígenas de las Cami de diversos estados del país. En esta entrega se mostrará lo que sucede en las Cami de Tijuana, Oaxaca e Hidalgo.
Cabe recordar que los recursos de las Cami los provee el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), pero las medidas de austeridad gubernamental tocaron las puertas de estas Casas.
De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Salud, las Cami entrarían dentro de los servicios esenciales que deben operar en la pandemia del covid-19. Lo que pudo constatarse en este reportaje es el crecimiento de atenciones derivado de la reconversión de hospitales enfocados a atender pacientes con coronavirus, así como el aumento de la violencia, porque las mujeres están confinadas con sus agresores en los hogares.
No solo es la demanda la que lleva a todas estas defensoras a seguir otorgando servicios, también son sus convicciones por asegurar los derechos de las indígenas y afrodescendientes.
En Tijuana, Baja California, Silvia Ramírez Cuevas recordó en entrevista cuando en 2013 se reunía con otras mujeres en un parque e intercambiaban sus experiencias de violencia laboral; la mayoría trabajaba en hogares, coincidían en que como ciudadanas indígenas debían conocer sus derechos.
Ese año decidieron probar suerte y lograron obtener el recurso por parte del INPI; al año siguiente concretaron su anhelo con la compra del recinto que hoy es la Casa de la Mujer Indígena “Donaji”, pero, como ocurre en el resto de los centros, han tenido que limitar las atenciones no solo por el riesgo a contagiarse del covid-19, no tienen capital para sostenerse. En marzo atendieron a 20 mujeres en la Cami, para abril se elevó a 70. Ellas ni siquiera fueron informadas oficialmente por el INPI que cancelaron los fondos.
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La situación es similar en el extremo sur del país, en la región de la costa de Oaxaca, en el municipio de Santa María Cortijo. Josefa Calderón, integrante del colectivo Mujeres de la Llanada Unidas por la Equidad de Género y la No Violencia, que operan la Casa para el Desarrollo de las Mujeres Afromexicanas, reportó que dos de las usuarias enfrentan riesgo de feminicidio; no obstante, han tenido que frenar la atención psicológica y el acompañamiento jurídico a las víctimas.
“En la zona afro hay mucha violencia y sí se está dejando de atender parte de la población, no estamos cumpliendo con el objetivo para lo cual fue construida la casa”, expuso Calderón. Esta casa atiende a siete municipios de la zona conocida como La Llanada, así como de Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec y Tututepec, los tres con Alerta de Violencia de Género por la prevalencia de violencia feminicida.
Había presupuestado ejercer en este año 699 mil 900 pesos para solventar becas, actividades sustantivas, mantenimiento del inmueble, pago de servicios, gastos de operación, papelería y consumibles de cómputo, así como gastos médicos. Sin ningún peso, las 16 defensoras de la organización tuvieron que cerrar el lugar y brindar atención en la medida de sus posibilidades y con sus propios recursos. Tan sólo el año pasado, el primero de su existencia, atendieron a mil 500 mujeres.
“Recortar el presupuesto a las Cami es atentar contra el acceso a la justicia de las mujeres en mayor grado de marginación y pobreza, pues 98 por ciento de las mujeres atendidas son de escasos recursos, hablantes de lengua indígena y que habitan en localidades alejadas”, expresó Rubicela Cayetano Pesado, presidenta del Centro para los Derechos de las Mujeres Naaxwiin,organización que tiene a su cargo la Cami ubicada en Guichicovi, municipio del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.
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Cayetano añadió que sin el acompañamiento y asesoría que brindan estos espacios, un muy bajo porcentaje se vería en posibilidades de denunciar a sus agresores.
En el caso de la zona centro del país, la Cami del municipio de Huejutla en Hidalgo solo abre dos veces por semana desde que comenzó la contingencia sanitaria; el resto de la atención es vía telefónica. En entrevista, Elvia Hernández Domínguez, administradora de la Casa, recordó que también los empleos de las integrantes de las 35 Cami están en riesgo; en su caso particular, ellas son ocho mujeres de la periferia de Huejutla, una psicóloga y una abogada.
Antes de dicha situación daban atención a mujeres en situación de violencia y mujeres embarazadas; brindaban talleres, acompañamientos, entre otras actividades.
Con información de: *Rosalba Ramírez Hernández, Citlali López Velázquez, Sonia Rueda Olvera, Samantha Páez Guzmán, Jovana Espinosa Orta y Hazel Zamora Mendieta.