La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) aclaró que la resolución de declarar la nulidad del procedimiento de licitación de medicamentos obedece a errores, irregularidades y malos manejos cometidos por Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y que los fabricantes de medicamentos e insumos no tuvieron nada que ver con sobreprecios y actos de corrupción.
“Si no lo hicieron bien, si asignaron a una empresa con un costo mayor y demás, pues es una condición que ellos tuvieron que evaluar en su momento. Si no lo hicieron bien, pues es una cuestión de ellos. No es una cuestión de corrupción de la industria. Cuando hay corrupción, se piensa que es de las dos partes. Aquí nunca tuvo que ver la industria y si fueron sus errores, fueron errores de ellos, punto”, aseguró Rafael Gual, director general de Canifarma.
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“No hay más, pues, se confunde esa situación diciendo que hay corrupción y hacen creer que es la industria y no es así, como lo confirmará la investigación que se hace de oficio”, explicó en entrevista con Milenio.
Para la industria farmacéutica, detalló Gual, se trata de “una situación sui generis, nunca vista”, porque todo el proceso de licitación de compra de medicamentosse hizo bajo las reglas de los convocantes .
“Quiero dejar muy en claro que no es una situación provocada por la industria. La industria participó en la licitación, con las reglas que ellos pusieron, con las condiciones que ellos pusieron y bajo los términos que ellos pusieron.
“Y, sobre esa base, ellos hicieron la adjudicación a empresas. El precio es uno de los factores, o sea, tú tienes que cumplir con una serie de condiciones de calidad o tener el registro sanitario, presentar todos los papeles. Hay una oferta técnica que se evalúa y después se asigna al mejor precio. Esa es la labor de ello, vigilar que se cumplan con todas las condiciones”, refirió.
Por la tarde, señaló, recibirán mayores explicaciones sobre lo emitido por el comunicado donde se establece que “los derechos de las empresas que ya fueron adjudicadas serán respetados”.
“Son cerca de 3 mil claves que concursaron. Hay 175 que están bajo investigación. El resto, me imagino, que son claves que van a ser asignadas conforme a lo que se quería. Pero ya es un hecho o consumado, ya que anularon la licitación. ¿Cómo seguirá? Es algo que tenemos que platicar con ellos para que nos digan qué va a pasar con todo lo demás. El comunicado es muy escueto”.
Gual refirió que, lamentablemente, la resolución de nulidad del procedimiento de licitación de medicamentos va a impactar en el adecuado abasto de medicamentos, por lo menos “va a ralentizar el proceso”.
El director general de Canifarma también refirió que, desde la administración pasada, se generó un adeudo de 12 mil millones de pesos no pagados a la industria en las compras consolidadas y que, después de mesas de diálogo, ya se inició un proceso de pago quedando al pendiente alrededor de 8 mil millones de pesos.
En la reunión que sostendrán por la tarde (aún no eran convocados en sede con hora), la industria farmacéutica dejará en claro que en el proceso de licitación hubo “mucha premura al hacer las cosas”.
“Lo quisieron hacer de forma diferente y todavía hay complicaciones de entrega. Hay una serie de observaciones que hizo la Función Pública sobre el proceso mismo”, señaló.
Entre otras anomalías en la convocatoria de la primera licitación pública internacional de la actual administración para cubrir el abasto de 26 instituciones de salud, no se contó con la investigación de mercado que sirve de referencia para diseñar el concurso, agregó.
Las bases de la convocatoria incluyeron requisitos no previstos en la Ley de Adquisiciones, como las constancias de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cuales deben ser presentadas por los proveedores, luego de la asignación de contratos.
Se identificó que, en la etapa de ofertas subsecuentes de descuento (OSD o subastas), la convocatoria omitió aspectos de llenado de formatos y tampoco se contó con la información sobre los precios mínimos y máximos de cada producto, ni supieron si el precio a ofertar era unitario del bien o al total de la partida.
En la licitación se incluyeron de manera errónea claves de insumos que están protegidos por una patente o cuentan con constancias de derechos exclusivos.
LP