La nulidad en la licitación de medicamentos “evitó un daño al erario que, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Salud, pudo llegar a representar más de 13 mil millones de pesos”, de acuerdo con el gobierno federal, luego de reunirse con la industria farmacéutica y de dispositivos médicos.
En los próximos días, de acuerdo con un comunicado, el gobierno de México dará a conocer la modalidad para reponer el procedimiento de contratación, en estricto apego al interés público y a los principios de legalidad, eficiencia y equidad.
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Se realizará una nueva subasta entre las empresas que participaron en la licitación de 175 claves de medicamentos (seis por ciento de lo requerido), en las que se detectó un sobreprecio por alrededor de 13 mil millones de pesos (5.2 por ciento del presupuesto total para la compra).
“Esta decisión marca un precedente y envía un mensaje contundente: cuando se trata de la salud de las y los mexicanos, cada peso cuenta. Gobierno e industria coinciden en no tolerar ningún acto de corrupción que pudiera afectar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos, así como dañar al presupuesto público, teniendo siempre al paciente como la prioridad más alta”, de acuerdo con un comunicado.
Ayer, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro; el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark; y el nuevo titular de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Carlos Ulloa; se reunieron con las principales organizaciones de la industria farmacéutica establecida en México: Canifarma, AMIIF, Anafam, Amelaf y AMID.
Durante la reunión, el gobierno de México reafirmó que “todas las empresas que hayan suministrado medicamentos recibirán el pago correspondiente, y sus derechos serán plenamente respetados”.
Asimismo, se aclaró que la resolución emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no afecta en modo alguno el abasto de medicamentos:
“Esto se debe, en buena medida, a que las órdenes de suministro ya emitidas permiten garantizar la disponibilidad de insumos durante el tiempo necesario para reponer el procedimiento de contratación y adjudicar nuevos contratos conforme a los principios de legalidad y eficiencia”.
En el documento, gobierno e industria coincidieron en que esta resolución beneficia a las empresas que cumplen con la ley, al promover condiciones de competencia real y erradicar prácticas de colusión, influyentismo y corrupción que pudieran afectar la calidad de los medicamentos y distorsionar el proceso de contratación pública.
“Como resultado del diálogo, sector público y privado alcanzaron acuerdos para garantizar de manera continua el abasto de medicamentos, respetando los precios más competitivos previamente ofertados”, manifestaron.
Asimismo, se acordó la instalación de una mesa permanente de trabajo para agilizar los procedimientos de entrega y recepción de medicamentos e insumos, y fomentar el intercambio de mejores prácticas que fortalezcan la calidad, eficiencia y transparencia en las compras públicas.
“Nada ni nadie por encima de la salud de las y los mexicanos”, concluyeron.
La nulidad declarada por la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a la licitación pública internacional para la compra de medicamentos y dispositivos médicos, fue en respuesta a las más de 400 inconformidades presentadas por proveedores participantes y deja en incertidumbre a la industria farmacéutica, explicó el director del Instituto Farmacéutico de México (Iefam), Enrique Martínez Moreno.
LP