Las organizaciones ciudadanas Fundar, Artículo 19 y el Observatorio de Designaciones Públicas, solicitaron al Congreso de la Unión la realización de un parlamento abierto para contribuir en la redacción de las leyes secundarias en materia de transparencia y privacidad.
“Hacemos un llamado a ambas cámaras del Congreso de la Unión para que establezcan un ejercicio de parlamento abierto que permita robustecer el proceso de deliberación legislativa a partir de los estándares más amplios de protección a los derechos humanos”, manifestaron en un comunicado.
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Las agrupaciones, especializadas en acceso a la información y protección de datos personales, manifestaron su preocupación por el incremento de los motivos por los que se puede negar información con el argumento de que es “reservada”, incluidos en la iniciativa de ley presentada por el gobierno federal.
Dichas causales de reserva propuestas incluyen estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés del Estado, lo cual consideraron preocupante porque:
“La noción de ‘daño al interés del Estado’ es genérica y puede ser utilizada de manera discrecional, lo que podría emplearse para limitar información ambiental, social y económica sobre proyectos con impacto directo en comunidades, como obras de infraestructura o concesiones de recursos naturales”.
Además, se pretende reservar expedientes judiciales o procesos administrativos, denuncias e inconformidades, así como documentos que pongan en riesgo el funcionamiento o integridad de los sistemas de telecomunicaciones desarrollados por el gobierno Federal, instalaciones, infraestructuras, proyectos, planes o servicios de protección estratégicos, prioritarios o de defensa.
“Es riesgoso que se considere como reservada cualquier información que ponga en riesgo la infraestructuras y proyectos prioritarios, especialmente cuando hay un interés de la sociedad de conocer información relacionada con megaproyectos que afecten los territorios de las poblaciones o esté relacionada con la emisión de contaminantes”, explicaron.
Por otro lado, expusieron, es fundamental que se mantenga la prohibición de reserva sobre información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y actos de corrupción —sin que ésta última tenga que acreditarse—, toda vez que la divulgación de información sobre estos fenómenos es clave para su atención.
Consideraron que la creación del nuevo andamiaje institucional y jurídico en la materia debe contar con la participación ciudadana la experiencia acumulada.
Recomendaron, por ello, mantener el principio de máxima publicidad en la legislación secundaria tal como se encuentra contemplado actualmente; dar continuidad al conjunto de las obligaciones vigentes y su respectivo mecanismo de denuncia, así como fortalecer las obligaciones temáticas por sujeto obligado, como las que están a cargo del fuero militar y las que están vinculadas con tareas civiles, y garantizar como parte de las funciones de la nueva entidad la realización de la prueba de daño, la prueba de interés público, la facultad prima facie y la definitividad de sus resoluciones.
Además, establecer mecanismos para que las instituciones a nivel federal y estatal con la facultad competente puedan presentar controversias y acciones de control constitucional ante acciones que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, de modo que se brinden garantías de protección a la ciudadanía y ampliar la facultad de inconformidad no sólo a los asuntos relativos a recursos federales sino a la revisión de todas las resoluciones de las autoridades responsables locales que confirmen o modifiquen la clasificación o negativas de información.
Asimismo, mantener el recurso de atracción para que las autoridades federales competentes puedan intervenir y resolver asuntos locales que sean de interés público o de gran relevancia en materia de transparencia y definir el papel de las autoridades garantes en este nuevo esquema sobre la Plataforma Nacional de Transparencia y que el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública establezca lineamientos claros sobre el funcionamiento de la plataforma, así como medidas para el mantenimiento, protección y actualización continua de la misma.
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