Una alta demanda de migrantes en busca de refugio es la que reporta la representación en Hidalgo del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada en la ciudad de Pachuca.
Esta situación se da después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló el programa de permisos CBP one. Ahora los migrantes buscan legalizar su estancia en el país mientras esperan si este programa se reabre para continuar con su búsqueda del sueño americano.
Lamentan cierre en Estados Unidos
En las oficinas del INM en Hidalgo, madres y padres de familia lamentaron que se les cerró la via legal para ingresar a los Estados Unidos, pero confiaron que puedan permanecer en México.
Personal del INM precisó que en el estado de Hidalgo no existe alguna representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que es la instancia donde los migrantes deben acudir para solicitar este trámite, para regularizar su estancia en el país.
Sin embargo, señalaron, derivado de la inesperada situación migratoria, fungen como un puente entre los migrantes y la COMAR.
Preocupa posibilidad de deportación masiva
María Félix Quezada Ramírez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), maestra en demografía y con especialidad en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte, señaló que es preocupante una deportación masiva de hidalguenses con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
Indicó que de presentarse una situación de este tipo, no sólo se verían afectados los migrantes hidalguenses con el regreso a sus lugares de origen y la separación familiar, sino que también habría una disminución de las remesas que llegan al estado.
"Hidalgo tiene una participación importante en el mapa de la migración internacional, desde hace algunos años ha estado con un índice de intensidad migratoria alta, la región del Valle del Mezquital es la de mayor expulsión (de migrantes) y de mayor recepción de remesas, va a ser una situación compleja", sostuvo.
Consideró que el gobierno del estado debe tomar sus propias medidas de atención en caso de deportaciones, independientemente de las acciones del gobierno federal.