La madrugada del 6 de febrero del 2000 ingresaron a la UNAM más de 2 mil elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) para terminar con la huelga más larga en la historia de la máxima casa de estudios.
A 20 años de la entrada de la PFP a Ciudad Universitaria, la imagen de la fuerza pública tomando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no puede volver a repetirse, aseguraron los protagonistas del movimiento y especialistas.
Agregaron que en medio del actual movimiento que exige erradicar la violencia de género, tampoco puede soslayarse la capacidad de la comunidad universitaria para organizarse y exigir soluciones, situación que las autoridades de la UNAM debieron aprender tras la huelga de 1999.
Marcela Meneses, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y quien fuera integrante del entonces Consejo General de Huelga (CGH), aseguró que si bien las demandas en esta ocasión son completamente distintas, las autoridades universitarias repiten la misma actitud deficiente en la atención de las exigencias estudiantiles.
"Son demandas muy diferentes, una era por la gratuidad de la universidad y ahora es en contra de la violencia de género y violencia en general, sin embargo hay un tratamiento similar por parte de las autoridades en la débil disposición al diálogo con la comunidad estudiantil y pareciera que no aprendimos gran cosa.
"Pero es claro que nunca podremos apelar al uso de la fuerza pública para resolver un conflicto universitario", aseveró.
En la irrupción policial se ejecutaron más de 400 órdenes de aprehensión en contra de los estudiantes, entre ellos uno de los líderes, Alejandro Echavarría, El Mosh.
Se trató de un paro que se detonó ante la inconformidad estudiantil por el intento de imposición de un nuevo reglamento de pagos.
En abril de 1999, cuando estalló la huelga en la UNAM, se establecía que los estudiantes debían pagar 20 centavos para inscribirse, no obstante, el entonces rector José Francisco Barnés de Castro, anunció que las cuotas semestrales se modificarían con base en el salario mínimo vigente del Distrito Federal.
Con ello, el nuevo cobro anual de cuotas sería de mil 360 pesos para bachillerato y de 2 mil 40 pesos para licenciatura, según el libro Memorias de la Huelga Estudiantil en la UNAM 1999-2000, de Marcela Meneses.
Después de casi diez meses de huelga, un día como hoy, pero de febrero de 2000, por órdenes del entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, la fuerza pública entró al campus universitario, acompañada de dos helicópteros.
Para Meneses, la irrupción de los elementos de seguridad fue un episodio muy crítico para la Universidad, pero el movimiento estudiantil sentó un precedente que hasta ahora se respeta.
"La movilización fue efectiva porque se tiene garantizada la educación pública y que sea un tema intocable, que ni siquiera esté a discusión, esa fue la victoria", señaló.
La investigadora dijo que como ahora se ha tratado de hacer creer que existen influencias externas en las manifestaciones estudiantiles, en aquel conflicto también se les acusó de infiltrados cuando en realidad se trataba de jóvenes estudiantes matriculados y perfectamente capaces de organizarse.
"Tampoco hay que caer en la trampa de decir que alguien está moviendo la cuna y que hay fuerzas externas que están moviendo a los estudiantes, cuando en realidad son demandas añejas que un día estallan. Es la clásica postura de autoridades y gobierno para tratar de anular la capacidad de organización de los estudiantes", dijo.
Imanol Ordorika, líder estudiantil universitario, coincidió que lo logrado con el movimiento que culminó con la entrada de la PFP en CU, blindó a la educación superior de cualquier intento de quitarle la gratuidad.
Explicó que fue un punto de quiebre en los ciclos de movilización estudiantil que se habían registrado desde 1986-1987, cuando ocurrió una huelga corta.
El ingreso de la PFP, advirtió Ordorika, fue un proceso que dañó profundamente a la institución universitaria y polarizó a la comunidad.
"Demostró que siempre es necesario apostar al diálogo y a la creatividad política para resolver los conflictos universitarios. Nunca más el uso de la fuerza pública para resolver conflictos en las universidade", manifestó.
FLC