Caso de los Moreno Valle, de accidente a homicidio

Dos años. La fiscalía de Puebla detuvo a 4 personas, a quienes vincula con fallas en el mantenimiento del helicóptero en el que viajaba el matrimonio poblano en 2018.

El avionazo en Puebla dejó cinco muertos, entre ellos la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, Rafael Moreno Valle. (Andrés Lobato)
Rafael Montes y Carlos Vega
Ciudad de México /

La fiscalía de Puebla dio un giro a la investigación de las causas del desplome del helicóptero donde murieron la gobernadora Martha Érika Alonso, su esposo el senador Rafael Moreno Valle y tres personas más, al acusar a cuatro implicados de homicidio culposo por informar que la aeronave estaba en buenas condiciones.

El 27 de marzo, al emitir su informe final sobre el hecho, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes —entonces a cargo de Javier Jiménez Espriú— concluyó que en ningún caso los datos recabados durante 15 meses “indican una responsabilidad o culpabilidad sobre la ocurrencia del suceso” y anunció que remitiría el informe a la Fiscalía General de la República por tratarse de una investigación federal y a la Fiscalía de Puebla para los efectos jurídicos correspondientes.

Ayer la fiscalía poblana informó de la puesta a disposición del MP del José Antonio “N”, María Magdalena “N”, Ricardo “N” e Israel “N”, trabajadores de la empresa Rotor Flight Services, relacionada con el funcionamiento de la aeronave. Los delitos: homicidio culposo, daño en propiedad ajena culposo y falsedad en declaraciones ante una autoridad.

De acuerdo con la indagatoria, en 2018 la mujer era responsable del taller y estaba a cargo del mantenimiento de la aeronave; fue detenida por policías capitalinos en la colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc.

Luego de notificarle del mandamiento judicial en su contra, fue entregada a policías de la entidad poblana para trasladarla y ponerla a disposición del juez que la requirió a fin de que se determine su situación jurídica.

En entrevista con Elisa Alanís, en MILENIO Televisión, Javier Lozano, quien fue una de las personas más cercanas a la pareja Moreno Valle, expresó: “No me la creo, pienso en el entorno político que generó el propio presidente López Obrador: ‘no voy a Puebla, no me voy a tomar la foto con ella (la gobernadora) y 10 días se cae el helicóptero, vaya coincidencia, no me la creo”.

Lozano dijo que la detención de cuatro personas da un giro al caso y destacó que “quien está dando cuenta de la responsabilidad del accidente entre comillas es la fiscalía de Puebla, no la FGR”; subrayó que le consta lo escrupuloso que era Moreno Valle, que él mismo viajó en ese helicóptero con la misma tripulación calificada y capaz y, en un día despejado, se cayó por tres tornillos.

En el dictamen, la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación estableció como causa probable de la caída de la aeronave “la pérdida de control del helicóptero, debido a un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando, provocando que se invirtiera en vuelo e impactara con esa configuración contra el terreno”.

Sin embargo, esa pérdida de control a causa del alabeo (curvatura) repentino se debió a que una pieza no fue reemplazada con oportunidad, porque los técnicos no lo advirtieron por escrito y, por el contrario, aseguraron que la nave estaba en buenas condiciones, según el dictamen de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La investigación arrojó diversas omisiones atribuibles al taller Rotor Flight Services, sobre todo la falta de información para evitar que la aeronave operara, pues no se encontraba en condiciones para hacerlo desde siete días antes del incidente, debido a que una pieza debió haberse cambiado ocho días antes del accidente.

DICTAMEN FINAL DE LA SCT

De acuerdo con el dictamen final emitido por la SCT, Rotor Flight Service sabía, desde el 13 de diciembre (11 días antes del accidente), que el actuador lineal de roll de la aeronave se encontraba dañado y que necesitaba ser reemplazado para un correcto funcionamiento; el componente había sido instalado el 10 de septiembre de aquel año.

“Desde el 13 de diciembre de 2018 el helicóptero siguió operando sin que los técnicos hubieran asentado en su bitácora que el SAS2 estaba fuera de servicio por MEL (lista de equipo mínimo) y que se requería del reemplazo del componente a más tardar el 17 de diciembre de 2018, de acuerdo con el MEL autorizado de Servicios Aéreos del Altiplano”, señala el documento.

Los correos que sirvieron de evidencia a la SCT detallan que el 19 de diciembre Rotor Flight Service y la firma Precision Accessories & Instruments iniciaron el proceso de reclamo de garantía por la falla en el actuador lineal.

“Me comenta el cliente que si se lo quitan deja la máquina fuera de servicio y ahorita con la agenda algo movida no se puede parar o dejar fuera de servicio, se está viendo también el modo de cómo hacer para que no quede fuera de servicio”, dice uno de los correos.

El documento, presentado 15 meses después del siniestro, también muestra que el 20 de diciembre Rotor Flight Service hizo el cambio de la media tijera inferior de plato oscilante, “por juego excesivo”, liberando el helicóptero para su operación.

En cuanto a Rotor Flight Service, la investigación arrojó que hubo “discrepancias en las respuestas del personal de mantenimiento que hizo los últimos servicios”.

El dictamen revela que el personal indicó “que el helicóptero se encontraba en excelentes condiciones para navegar y contaba con todos los mantenimientos preventivos; sin embargo, en las reuniones de la comisión investigadora se notificó que encontraron evidencias de mal funcionamiento del piloto automático”.

El propietario del helicóptero era la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, la cual celebró un contrato con el taller aeronáutico Rotor Flight Services para que le proporcionara el servicio de “operación, aplicación del programa de mantenimiento, de directivas y boletines técnicos, la corrección de discrepancias, la inspección de prevuelo y postvuelo y administración”.

Rotor Flight Services cuenta con el permiso de taller aeronáutico número 371 con base en el Aeropuerto Internacional de Toluca; está habilitado para desarrollar actividades en la siguiente clasificación: servicio público categoría 3,  helicópteros clase 1 y 2, motores clase 3, accesorios clase 2 y servicios especializados.

El informe de la AFAC también señala irregularidades en la información que el taller proporcionaba sobre los servicios que realizaba: “Los técnicos del taller aeronáutico encontraron la falla en el actuador lineal de alabeo del Sistema de Aumento de la Estabilidad 2 (SAS2); sin embargo, según declaración del personal, no asentaron en la bitácora de vuelo y mantenimiento que ese actuador quedaba diferido, de acuerdo con la Lista de Equipo Mínimo (MEL) del operador”.


LAS MÁS VISTAS