Durante 20 años (antes de que asumiera AMLO la Presidencia) los gobiernos mexicanos obligaron a los agentes culturales, sobre todo colectivos artísticos, a convertirse en asociaciones civiles sin ánimo de lucro. Era una manera de formalizar el trabajo de los mismos si querían acceder a recursos públicos para acrecentar sus actividades o darles un techo financiero que les permitiera sobrevivir y realizar su labor. Claro, solo en el caso de ser beneficiados, generalmente por convocatorias públicas sancionadas por pares o —como en el caso de los “Etiquetados” que provenían de la Cámara de Diputados— a criterio de legisladores. Aún hoy perviven dentro del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (antes Fonca) convocatorias donde se exige a las agrupaciones estar constituidas legalmente para poder acceder a los estímulos. Aunque engorroso, era una manera en que el Gobierno nos ponía en orden para transparentar la asignación de dineros públicos.
La sorpresa fue que desde la primera investidura del país se ordenó, mediante el memorándum 0001 del 14 de febrero de 2019, “no transferir recursos del presupuesto a ninguna organización de la sociedad civil”. Esto con la convicción de “terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción” en todos los ámbitos. Esto desbarató un ecosistema que ya existía —no solo en cultura— de organizaciones de la sociedad civil (OSC) que iban desde lo artístico hasta el apoyo a migrantes, víctimas del delito, madres solteras, lucha contra el cáncer y mil y un otros objetivos que cubrían necesidades —muchas de ellas urgentes— de la sociedad mexicana. El memorándum no solo pretendía acabar con actos corruptos —que por supuesto había— sino instaurar al Estado como único posible proveedor de tales servicios o acciones para la ciudadanía (tampoco ocurrió). Lo cierto es que con el pretexto de fenómenos existentes de opacidad se decidió pasar la aplanadora sobre todas las OSC y se les criminalizó y declaró prácticamente enemigas de la 4T. _
Continuará…
Un argumento para justificar
En el caso de Cultura, en más de una ocasión, he oído a la secretaria Frausto justificar la desaparición o reducción hasta el raquitismo de más de un presupuesto de la institución con el argumento de “es que era una robadera”. ¿Y que no están ahí y se les paga para vigilar que no ocurra?