En Oaxaca, 10 mil familias indígenas son víctimas de destierros comunitarios y desplazamiento interno forzado debido a la violencia política.
De estos casos, se presentaron 156 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar su retorno seguro a sus comunidades de origen.
Tan solo en la región triqui se concentra la mitad de estos desplazados, incluidos los habitantes de San Juan Copala, quienes fueron desterrados por una disputa interétnica entre organizaciones sociales rivales que luchan por el control del territorio triqui.
¿Cómo fueron causados los desplazamientos?
Elfego Reyes, representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), afirmó que desde los años 80 hasta la fecha, más de siete mil personas han sido víctimas de desplazamiento forzado.
El último caso ocurrió en 2010 con los pueblos de San Juan Copala y San Miguel Copala, afectados por la violencia ejercida por grupos paramilitares. Este conflicto provocó desplazamientos forzados masivos hacia la ciudad de Oaxaca.
Actualmente, las víctimas permanecen en refugios bajo medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un segundo caso se registró en 2020 en la comunidad de Tierra Blanca Copala, donde, nuevamente, el pueblo triqui tuvo que abandonar sus hogares, dejando atrás tierras, casas, sueños y costumbres debido al abandono estatal.
En 2019, se reportó el desplazamiento forzado de 32 familias de San Esteban Atatlahuca por disputas relacionadas con la explotación de un bosque.
En este contexto, se encuentra desaparecida la activista Irma Galindo Barrios, cuyo paradero se desconoce desde 2021.
En esta misma zona, una niña desplazada de origen mixteco, de tres años, llamada Benita Hernández Bautista, murió debido a diarrea y desnutrición por la falta de médicos y alimentos, denunció el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI).
Menores de edad, víctimas de pobreza y marginación
Maurilio Santiago Reyes, defensor y director del CEDHAPI, explicó que la menor murió en el Hospital Rural IMSS-Bienestar de Tlaxiaco, ubicado a tres horas de distancia, ya que, en la iglesia principal, donde están refugiadas las familias, no hay médicos ni provisiones.
“Esta menor perdió la vida por la pobreza y la marginación. ¿Cuántas muertes más vamos a tener para que las autoridades actúen? Es realmente preocupante porque hay muchos menores desplazados; algunos están en la montaña y otros en Tlaxiaco. No sé qué va a pasar. Los están dejando solos, sin casa, sin salud ni alimentación”, denunció Santiago Reyes.
Desde octubre de 2021, la menor, su familia y otras 300 familias de las comunidades de Ndoyonuyuji y Guerrero Grande, en Atatlahuca, Oaxaca, enfrentan desplazamiento forzado debido a la violencia generada por la defensa del bosque, que derivó en la quema de 100 viviendas.
De acuerdo con datos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), entre 2010 y 2023 se iniciaron 156 expedientes de queja y cuadernos de antecedentes por desplazamiento interno.
En ese sentido Flor Estela Morales Hernández, coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Ejecutivo (CADH), señaló que Oaxaca es uno de los estados con mayor número de casos por desplazamiento interno forzado, en los que esta instancia que representa tiene documentados 21 casos, de los cuales el 98 por ciento ocurrieron en los sexenios de Alejandro Murat y Ulises Ruiz.
Iniciativa de ley en Oaxaca
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, firmó la Iniciativa de Ley para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno en Oaxaca.
Con esta acción, la entidad se convierte en la primera del país en proponer un marco normativo que reconoce la existencia de este fenómeno, basado en un proceso de consulta previa, libre e informada con pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Este marco establece las obligaciones de las instituciones del gobierno estatal y municipal, además de tipificar como delito el desplazamiento arbitrario y la negativa a permitir el retorno de las familias desplazadas.
Jara destacó que la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca (CADH) encabezó la construcción de esta iniciativa, que contó con el acompañamiento de las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
“En Oaxaca, estamos trabajando para garantizar los derechos humanos de todas las personas”, afirmó.
Giovanni Lepri, representante adjunto en México del ACNUR, expresó que, de aprobarse esta iniciativa, Oaxaca será la quinta entidad del país en contar con una ley específica para atender este fenómeno.
“El desplazamiento forzado es la suma de múltiples violaciones que requieren atención integral, y este marco jurídico reconoce los derechos y las acciones para restituirlos”, señaló.
Por su parte, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONUDH, destacó el esfuerzo de coordinación para construir esta propuesta.
“De ser aprobada, representará un avance significativo en la protección de los derechos humanos en Oaxaca, y un claro mensaje en favor de la justicia, la inclusión y la solidaridad con las personas desplazadas”, concluyó.
MO