La tristeza se cierne sobre Wendy Catalán cuando escucha las historias de éxito que otros jóvenes migrantes mexicanos de su edad han tenido al vivir en Illinois, que junto con California es uno de los estados más amables con la inmigración.
En busca de respuestas a una cuestión clave en su vida, se pregunta qué hace ella en Indiana, uno de los sitios más racistas y en contra de los migrantes en Estados Unidos, cuyas leyes han inspirado a políticos xenófobos de otros estados para crear nuevas legislaciones adversas en contra de los indocumentados.
La respuesta no tarda en llegar en medio de una reunión en la Ciudad de México, sede de un reciente encuentro entre funcionarios mexicanos y dreamers, esos muchachos de buenas calificaciones y conducta, a quienes los padres llevaron a Estados Unidos durante su infancia y a los que el gobierno de ese país otorga permisos de residencia y trabajo.
“No me voy a ir de Indiana hasta que se retiren las leyes que más daño están haciendo a nuestra comunidad”, avisa Wendy, de 27 años. “Solo resisto vivir ahí por el activismo y mi familia”.
Así recobró el ánimo y volvió a su ponencia con la agudeza que la llevó a concluir su carrera universitaria en Negocios a pesar de que en Indiana prohíben las becas para indocumentados y cada semestre cuesta 18 mil dólares; a pesar de que deportaron a su padre por no tener la licencia de conducir debido a que esa entidad se prohíbe a indocumentados obtenerla, así como acceder a préstamos bancarios.
Defensora de los derechos de la comunidad, sabe que en Indiana solo se plantearon un par de nuevas iniciativas de ley antiinimigrante, pero eso fue porque ahí ya existen las leyes que otros estados replicaron en congruencia con el discurso de Donald Trump.
A punta de manipulación del lenguaje, usando ejemplos negativos para generalizar la mala imagen de los indocumentados, el presidente entrante se hizo de un ejército de políticos del Partido Republicano que apostaron por convertir las leyes en mazos con fines políticos.
Iniciativas republicanas de odio crecieron… ¡357%!
Entre 2020 y 2024, los republicanos posicionaron 561 iniciativas de ley con un alza anual evidente. Sólo bajó ese ritmo durante el año en que no hubo elecciones: en 2020 hubo 51 pero al año siguiente subió a 81; para 2022 bajó a 64, y en 2023 repuntó a 132 y 2024 cerró con 233, de acuerdo con cifras de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas inglesas), una de las organizaciones más antiguas en Estados Unidos de defensa de los derechos humanos de los hispanos.
El incremento en el ritmo de de iniciativas fue de 357 por ciento.
LULAC documentó en el estudio Una nueva ola de odio: la bendición legislativa antiinmigrante desde 2020, de Marco Montoya y Ray Serrano, que el 97.3 por ciento del total de esas iniciativas fueron impulsadas exclusivamente por republicanos, por lo que se concluye que buscaban principalmente infundir miedo a los votantes en contextos electorales.
“La retórica divisiva del ex presidente [y hoy de nuevo presidente] Trump ha intensificado una campaña más agresiva contra los inmigrantes y los latinos, independientemente de su estatus legal”, sostiene el estudio.
En consecuencia, continúa, “millones de inmigrantes indocumentados enfrentan una creciente demonización y efectos adversos a medida que el número de propuestas antiinmigrantes continúa aumentando a un ritmo alarmante”, algunas inspiradas en estados que mantienen políticas ultranacionalistas, como en el caso de Indiana.
¿Por qué ir a la hostil Indiana?
Los padres de Wendy Catalán se mudaron a ese estado sin pensarlo mucho. Los altos costos de alquiler en California en los años 90 terminaron por gentrificar su barrio y fueron empujados a mudarse.
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Al principio pensaron en Illinois, mucho más amable, pero ya tenían familia en Indianapolis que llegó casi por accidente: una ruta de camiones que hacía parada ahí antes de llegar a Chicago los llevó a explorar y descubrieron que la vivienda era más barata y la vida más tranquila. Buscaron trabajo y encontraron algo en el montaje de casas-tráileres.
Así se jalaron unos a otros hasta sumar alrededor de 40 mil mexicanos indocumentados en Indiana, según una estimación que realizó el PEW Research Center, especializado en el análisis de la comunidad latina.
Se trata de una migración reciente con nulo poder político en medio de muchas restricciones, explica Wendy a MILENIO mientras relata parte de su historia personal: una maestra de preparatoria le advirtió que sin papeles no llegaría muy lejos, si acaso conseguiría algún trabajo manual y nada más.
Le recordó que ese estado no permite estudiar a los indocumentados carreras técnicas, sino acaso maquillaje y bienes raíces, además de que, entre otras limitaciones, niega las becas a gente como ella, que tiene permiso de residencia como dreamer.
Indiana también exige la plena cooperación de sus policías y funcionarios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y las solicitudes de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
Es símbolo de un “estado restrictivo” con leyes para crear un entorno hostil y disuadir a los inmigrantes indocumentados de establecerse dentro de sus fronteras. Fue un gran ejemplo de otras entidades que siguieron sus propuestas similares e incluso más radicales.
En litigio, leyes regresivas de hace siglos
A partir de 2020 se introdujeron en Estados Unidos 17 prohibiciones a las políticas “santuario” que obligaban a cooperar con los servicios de migración a algunas entidades cuyas autoridades locales que se resistían a hacerlo. Se propusieron 14 medidas para verificar el estatus legal de los votantes.
En Arizona, la ley SB 1408 intentó ir más lejos y penalizar el uso de teléfonos y computadoras para ayudar a los inmigrantes indocumentados; además la HB 2843 pretendía autorizar a los residentes disparar a los migrantes en defensa propia y convertía la migración en un delito.
Otra ley en Oklahoma, la SB 53, buscó despojar a los niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía si sus padres eran indocumentados y dos propuestas de Texas exigían que el Congreso reembolsara al estado los costos de educar a los niños indocumentados, además de asegurar la frontera sur.
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Los legisladores antiimigrantes se envalentonaron poco a poco con iniciativas tan duras que fueron acusados de regresar casi dos siglos, al espíritu de la Ley de Exclusión de los Chinos, promulgada en 1882 y vigente hasta 1943, que los acusó a este grupo de “reducir los estándares culturales y morales de la sociedad estadunidense”.
A la fecha, muchas de ellas se encuentran en litigios y, según LULAC, sólo 26 han logrado promulgarse, pero crearon un ambiente de miedo.
Hacen difícil la existencia
“Viven en constante incertidumbre, ansiosos de que cualquier día pueda surgir una nueva ley que criminalice su existencia”, observó el investigador Marco Montoya.
De ello da fe Javier, mexicano radicado en Georgia, quien chocó su coche contra una banqueta al resbalar con el hielo, cuando sus patrones lo obligaron a ir al restaurante a trabajar, a pesar del clima. Un policía le levantó una multa en medio de la nevada de mediados de este mes.
Así que debe presentarse a una corte el próximo 26 de febrero, pero él duda en ir porque cree que para esa fecha, cuando Trump ya esté en el poder, es probable que los oficiales de migración se aposten en la corte para llevarse a los indocumentados.
“Por supuesto que sí se la piensa uno”, acepta en entrevista, preocupado por lo que pasará y porque calcula que el incidente podría costarle –entre la multa, el seguro del coche y el abogado– unos 17 mil dólares. “No gano para eso”.
Fernando es otro caso. Él trabaja en Florida, y ahí lanzaron 11 iniciativas durante los últimos cuatro años en contra de gente como él y, obvio, se siente vulnerable: “Quedas en manos de la policía que te detiene, si está de buenas de deja ir, si no, te puede echar a la migra por cualquier cosa”.
Este hidalguense cuenta que tiene una compañía de pintura de inmuebles. Paga impuestos, pero ha sido detenido en dos ocasiones y en ambas lo han tratado totalmente distinto. La primera vez, una patrulla lo detuvo porque la escalera que transportaba se salía unos centímetros de la carrocería. Un oficial alto y rubio le pidió una licencia, Fernando se la mostró aunque sabía que en California no admiten las de Florida.
El gringo la miró con desconfianza, la inspeccionó, le dio varias vueltas y al final le dijo happy birthday. Se dio cuenta de la fecha de su nacimiento, le pidió disculpas y dijo: “Lo siento por hacerte pasar un mal rato en tu cumpleaños”.
La segunda vez no le fue tan bien: lo arrestaron, lo enviaron a corte, se declaró culpable por manejar mal, pero no lo deportaron, no tuvo que regresar a Hidalgo, donde tuvo una vida dura con un padre golpeador y alcohólico. Tuvo suerte.
Al mando del gobernador Ron DeSantis, Florida empujó leyes como la SB 1718 que criminaliza el transporte de inmigrantes indocumentados (que potencialmente incluye a miembros de la familia), invalida las licencias de conducir de otros estados y requiere que los hospitales y empresas pregunten a los pacientes sobre el estado migratorio.
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En mayo pasado, un tribunal federal intervino y bloqueó la sección 10 de la SB 1718 que establecía el vago delito de transportar inmigrantes indocumentados al estado, pero persiste el ambiente duro de tensión.
La activista inmigrante Brenda Vargas sabe bien el rigor de esas normativas. Huyó de Florida cuando se dio cuenta que por mucha capacitación que diera a los migrantes sobre negocios, hipotecas y oportunidades laborales, tarde o temprano chocaban con pared. Incluso ella misma, también beneficiaria dreamer, resentía el ambiente hostil de las políticas migratorias.
“Las leyes te limitan toda tu vida. Por ejemplo en mi trabajo del banco estaba siendo muy explotada, hacía el trabajo de tres personas y aunque estaba muy capacitada en negocios, no me dejaban crecer”.
Por eso se fue a Massachussets después de ayudar a su mamá a comprar una casa y a sacar adelante los estudios de su hermano. Quiso hacer una maestría para estar más preparada y allá encontró un ambiente mejor, donde ser foráneo no es un problema, sino una ventaja.
Recuerda que en 2021, cuando Trump fue electo por primera vez, había tensión en las escuelas y en el trabajo.
En el banco, donde ella trabajaba para pagar sus estudios, los clientes le gritaban que no querían hablar con ella porque hablaba español. “Me escupían, decían que querían hablar con un americano de verdad, uno que sólo hable inglés”.
Brenda Vargas, ya en Massachusetts, está capacitándose para regresar a Florida empoderada, montar su negocio y una organización sin fines de lucro. Quiere seguir la lucha en el estado que la acogió a los siete años, cuando su madre huyó de la violencia de los cárteles en Tijuana, un triste episodio que obligó a la familia a dejar la casa que después balearon con sus primos dentro.
“Sé que el cambio en Florida debe hacerse en las leyes, revertir lo que se ha hecho contra los inmigrantes”, anuncia. Por eso se ha acercado a algunos políticos que considera más moderados, igual que lo ha hecho Wendy Catalán. Ambas descubrieron que toda dureza tiene en su superficie algunas grietas por donde entrar.
Wendy, por ejemplo, encontró una oportunidad: ser becada en la universidad de Indiana si era deportista, y ella practicaba atletismo. Así logró que la financiaran en 780 por ciento y el resto lo pagó con su empleo de mesera.
También encontró que algunos legisladores de Indiana pueden ser aliados en nombre del orden.
“Hace poco un senador nos dijo que para poner una ley que deje a los indocumentados tener licencia de conducir la llamarían de otro modo para no dar el mensaje de que nos daban privilegios”.
En resumen, dicen ambas migrantes que viven en dos de los estados más duros, que la batalla que viene será legal, que hay que apostar a los huecos y oportunidades antes de que Trump expanda las leyes xenófobas y racistas de sus colegas y se vuelva un infierno ser inmigrante.
“No queremos que nuestra comunidad se prepare para lo peor, sino para lo mejor”, propone Brenda Vargas.
EHR