Ante la escasez de ingresos y los recursos precautorios se terminaron, las finanzas públicas tienen problemas de sostenibilidad, por lo que estimaciones oficiales indican que en 2023 la deuda pública será casi 50 por ciento mayor que en 2018, afirmó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp).
“Hasta el momento las finanzas públicas no muestran desequilibrios importantes en sus rubros agregados. No obstante, hay problemas de sostenibilidad. Las fuentes de ingresos públicos son escasas, los recursos precautorios se han terminado y la deuda pública crece constantemente. De acuerdo a las estimaciones oficiales, en 2023 la deuda pública será casi 50% mayor que en 2018”, apuntaron en su análisis semanal.
Remarcaron que la composición del gasto público preocupa, puesto que se vertió a las prioridades del gobierno en proyectos que consideran “sin prueba de rentabilidad social y transferencias incondicionales a la población''.
“Así el gasto privilegió la “seguridad nacional”, protección social, energía y construcción, a costa de decrementos o magros aumentos en seguridad pública, salud, educación y ciencia y tecnología”, destacaron.
Respecto al mercado laboral total, tanto formal como informal, el indicador de la población ocupada recuperó el terreno perdido en la pandemia, e incluso ya supera sus niveles previos a ella; sin embargo, el Ceesp dice que hay señales de precarización.
Afirman que la población ocupada se concentró gradualmente en quienes perciben hasta dos salarios mínimos. En los últimos cuatro años los trabajadores en dicho rango salarial aumentaron en 15.7 millones. Mientras tanto, aquellos que perciben más de dos salarios mínimos disminuyó en 11 millones.
“La dinámica de la masa salarial sugiere un deterioro del empleo en términos de percepciones. La masa salarial de los segmentos de trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos ha aumentado 155 por ciento y la correspondiente a los mayores niveles de salario ha disminuido en 37 por ciento”, afirman.
Otro indicio que apunta el centro de estudios económicos es el deterioro del mercado laboral es la población ocupada en condiciones críticas, que creció en 9.8 millones en lo que va de este gobierno, con lo que ahora representa 30.9 por ciento de la ocupación.
En materia de bienestar social hay señales preocupantes. Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señalan que de 2018 a 2020 la población en situación de pobreza aumentó en 3.8 millones de personas, pasando de 42 a 44 por ciento de la población.
Más recientemente el Coneval indica que en octubre el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria (pobreza laboral) fue de 40.1 por ciento, marginalmente inferior a 40.7 por ciento de diciembre del 2018.
Asimismo, entre 2018 y 2020 15.6 millones de personas perdieron su acceso a los servicios de salud.
“En materia de salud la situación es simplemente caótica. Se tomó la decisión de eliminar el Seguro Popular de manera precipitada e irreflexiva y sustituirlo por el Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI). Con ello, aproximadamente 20 millones de personas perdieron su cobertura de salud”, describió.
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