En los últimos años la participación de las mujeres en la vida pública se ha incrementado sustancialmente. En 2018 alcanzamos la paridad en el Congreso de la Unión y este año aproximadamente 40 por ciento de las entidades federativas será gobernado por una mujer. A partir del próximo 1 de octubre, México tendrá a su primera presidenta de la República, lo que constituye una conquista histórica para la igualdad de género en la región.
Con todo, el aumento en la participación política de las mujeres también ha puesto de relieve las distintas formas de violencia que enfrentan para ejercer un cargo público. Todos los días somos testigos de ataques y cuestionamientos hacia candidatas o servidoras públicas que no se nos hacen a los hombres. En los medios y las redes se vierten centenares de mensajes basados en estereotipos de género que pretenden denostarlas, amenzarlas, marginarlas y restarles agencia, e incluso se han documentado casos de violencia sexual y feminicida en el contexto político-electoral.
En 2020 México dio un paso trascendental para erradicar estas conductas al legislar en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, con la finalidad de combatir los actos u omisiones que busquen afectar sus derechos políticos y electorales precisamente con base en su género. Su inclusión en el marco jurídico ha sido fundamental para la defensa de tales derechos, sobre todo cuando la competencia electoral se degrada en agresiones machistas que resultan intolerables en cualquier régimen democrático.
Desde entonces, la violencia política de género ha ocupado un lugar central en la discusión pública. Sin embargo, lamentablemente, hay quienes han pretendido utilizar el concepto de violencia política de género para escapar al escrutinio público. Lejos de invocarlo para la protección de derechos, buscan explotarlo como un arma para neutralizar cualquier crítica legítima sobre la gestión o trayectoria de una persona. En este contexto, no es sorpresivo que de los 112 procedimientos concluidos ante el INE en la materia solo 28 hayan finalizado con la determinación mediante sentencia firme de que existió violencia política de género (es decir, solo 25 por ciento de los casos).
El uso deshonesto de esta figura es profundamente dañino para la lucha contra la violencia de género y para nuestra democracia. Trivializar la violencia política de género puede alimentar la percepción de que se trata de un concepto “vacío”, demeritar los casos en los que efectivamente existe este tipo de violencia y dar combustible a narrativas anti-feministas que señalan que “ahora todo es violencia de género”, las cuales no logran distinguir por qué es necesario un enfoque con perspectiva de género al abordar la violencia contra las mujeres en el ámbito público y político.
Además, los discursos sin sustancia que se limitan a clasificar toda crítica hacia una mujer y su gestión como violencia política de género, pueden propiciar una postura paternalista que infantiliza a las mujeres implicando —de manera profundamente errónea— que no cuentan con la capacidad de defender sus posturas en la conversación pública.
Todo ello nos obliga a tratar el tema con absoluta seriedad. La violencia de género es inadmisible en cualquier contexto. Pero las personas que participan en la arena pública están sujetas a un nivel de escrutinio muy superior al de una persona que no lo está. La libertad de expresión y el debate público sobre el actuar de personas que ocupan o aspiran a cargos públicos son parte esencial de toda democracia, especialmente en el contexto de la competencia electoral.
En tal sentido, la protección efectiva de los derechos político-electorales exige que los mecanismos establecidos para su defensa se utilicen responsablemente, y no como un instrumento más del juego político. Solo así haremos justicia a las mujeres que han sido víctimas de la violencia política por razón de género, a quienes han luchado por los mecanismos institucionales para reivindicar sus causas y a las que hoy aspiran a participar en la vida pública en un ambiente libre de violencia, para construir un país mejor.