Seis años y más de seis mil desaparecidos en Jalisco. Las ausencias duelen, pero ahora arden. El reclamo de las familias de las víctimas resuena más fuerte, y es que la Federación reconoce que las autoridades locales han sido omisas y hasta cómplices en el combate a la delincuencia.
No solamente se trata de corrupción y la infiltración del crimen organizado en las corporaciones, sino del cinismo de funcionarios para negar la gravedad de la situación, los focos rojos en las centrales de autobuses, la saturación de las instituciones y la incapacidad para hacerle frente a una realidad que existía, aunque no la quisieran ver.
Pero para las familias y colectivos que buscan a seres queridos es más que evidente la magnitud del problema. Obligados a buscar por su cuenta, movieron la tierra y encontraron a madres, hijos, hermanos, padres, con quienes pasaban las noches esperando su regreso.
En seis años, ni uno de ellos fue recibido en Casa Jalisco. Por el contrario, desde ahí se desacreditó su labor, se cuestionó sus motivaciones y se les abandonó.
La emboscada con explosivos a elementos estatales en julio de 2023, cuando presuntamente iban a revisar una fosa clandestina denunciada por un anónimo, sirvió de pretexto para dejar a los familiares de las víctimas a su suerte. El gobernador Enrique Alfaro fue tajante: Ni un policía iba a atender reportes de esta índole. Una estocada al trabajo de los colectivos, que ahora tenían que hacer ese trabajo sin el respaldo institucional.
Las denuncias anónimas son el combustible que ha echado andar a los activistas; con la esperanza de darle descanso a su familiar, confían en un desconocido y arriesgan sus vidas para explorar rincones a los que nadie quiere llegar.
En ese sexenio, se localizaron 186 fosas clandestinas en el estado, y encontrado a mil 882 personas. Sin la voluntad de quienes deciden romper el silencio, cientos de víctimas seguirían bajo tierra.
Hoy, los colectivos destapan la ineficiencia de las autoridades estatales. El rancho Izaguirre en Teuchitlán es la prueba tangible de la infiltración del crimen en las corporaciones de seguridad y la corrupción que ha alimentado al crimen organizado. Seis años de negación de una crisis que ahora tiene al país y al estado tapizado de fichas y fosas. ¿Quién lo va a pagar?