Las consejeras Dania Ravel y Carla Humphrey presentaron dos demandas ante el Tribunal Electoral, en contra del vocal Ejecutivo de la Junta Local de Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León por violencia política de género.
Ravel y Humphrey acusaron ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE que en varias declaraciones, el funcionario de Zacatecas ha hecho comentarios sobre las declaraciones que han emitido en Consejo General sobre temas de paridad o renuncias de candidatas en esa entidad, cayendo en frases que podrían ser estereotipos de género y violencia hacia las mujeres.
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Las consejeras del INE acusaron mansplaining, declaraciones que conllevan condescendencia, suposición de superioridad y descalificaciones implícitas o explícitas, por frases como “mis consejeras”, “no pueden tener más información ellas que yo” o acusar “debilidad mental” por un debate sobre paridad en el que ambas se posicionaron.
Sin embargo, el 14 de marzo la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral declaró improcedente la solicitud de las consejeras, por considerar que las críticas del funcionario “pudieran considerarse desproporcionadas en el contexto de la crítica al desempeño de las quejosas como consejeras electorales”, pero no son violencia de género .
El caso inició cuando en las elecciones del 2024, Ravel y Humphrey externaron su preocupación en una sesión del Consejo General del INE por la noticia de que 200 candidatas zacatecanas habían renunciado al proceso electoral.
Además, pidieron que se solicitara un informe al instituto electoral en esa entidad, pues alertaron que podrían estar involucradas en algún caso de violencia, inseguridad o presiones para que dejaran sus candidaturas.
En ese entonces, Matías Chiquito Díaz de León, vocal Ejecutivo de la Junta Loca de Zacatecas declaró que:
“No hay base objetiva para decir que las renuncias obedecen a la inseguridad, pero ese sesgo se le dio en el contexto nacional y hubo ambigüedad por parte de las consejeras. Son mis consejeras y les debo respeto porque son el órgano máximo de decisión del INE, pero tampoco pueden tener más información ellas que la que tengo yo, que estoy aquí en medio del proceso electoral”.
Las consejeras acusaron que esta respuesta tenía varios elementos de género y estereotipos, como llamarlas “mis consejeras”, decir que les debe respeto porque son parte del INE, pero que no pueden saber más que él, lo que incurriría en mansplaining.
Además, en las últimas semanas, cuando el INE resolvió el acuerdo de paridad en la elección judicial, en el que ambas se posicionaron cuestionando cómo se garantizaría este concepto incluso, en escenarios extremos en los que, por la confusión de la boleta o la forma inédita de votar no se dieran votos para las mujeres, Chiquito Díaz de León lo consideró un tema de “debilidad mental”.
En una entrevista, declaró “ayer se debatía en el INE, creo que era un debate inocuo, absurdo, inclusive, el qué pasaría con el principio de la paridad si las candidatas mujeres no tuvieran votos”.
“Dijo que es absurdo porque hay un espacio específico para el voto de las mujeres. Creo que inclusive es una debilidad mental quien piensa que no habría voto para las damas, es absurdo”.
Sin embargo, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral sostuvo que “de las expuestas, no se advierte desde una óptica preliminar, que contengan elementos de apología a la violencia en contra de las mujeres, ni base para estimar que se está ante esquemas patriarcales, misóginos o discriminatorios por razón de género, toda vez que no se aprecia que tengan como base la calidad de disminuir a la mujer”.
Por lo que Dania Ravel y Carla Humphrey acudieron a impugnar esta resolución del propio INE del que forman parte, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumentando que la actitud del funcionario es evidente y reiteradamente usando estereotipos de género hacia sus posicionamientos dentro del Consejo General.
Las consejeras piden “que determine la responsabilidad del sujeto denunciado, así como aplicar las sanciones correspondientes con la inclusión del mismo, dentro del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”.
Los proyectos ya fueron turnados a la magistrada Janine Otálora y al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.
RM