Al grito de “Pura gente de mi apá Mencho” y “Puras cuatro letras hasta la muerte”, presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desfilaron en un rincón de la sierra presumiendo el arsenal que poseen para protegerse de cualquier grupo rival o autoridades que se interpongan en sus actividades delictivas.
En el video que circuló en redes sociales a finales de julio se aprecia a un grupo de más de 20 hombres vestidos con pantalones camuflados -que imitan los uniformes del Ejército Mexicano-, además de equipo táctico y chalecos antibalas que llevaban impresas las siglas de la organización.
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Presuntamente, dicho grupo forma parte del brazo armado conocido como “Fuerzas Especiales Mencho”, el cual tiene como objetivo coordinar las operaciones de la organización delictiva que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes en los límites de Jalisco y Michoacán.
La difusión de la grabación generó gran intriga entre la opinión pública al considerar que ahora grupos de la delincuencia organizada cuentan con sus propios “mini ejércitos” con tareas específicas designadas, una estructura y función similar a la que desempeñan las Fuerzas Armadas de México.
Y es que, tanto en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como en la facción de Los Chapitos -con Los Ninis- se han identificado células delictivas capaces de responder o planear ataques armados con tácticas que se asemejan a las que utilizan los militares, lo que supone un nuevo reto para las autoridades que buscan combatir a todos aquellos grupos transgresores de la ley que operan en el territorio mexicano.
Las Fuerzas Armadas de México y Estados Unidos como punto de partida
El hecho de que grupos de la delincuencia organizada cuenten con brazos armados designados no está apartado de todo el fenómeno que engloba su presencia en el país y del papel que las Fuerzas Armadas de México han desempeñado en su combate.
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En entrevista con MILENIO, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Astorga, recordó que la primera vez que se empezaron a utilizar fuerzas castrenses en el combate contra las drogas fue en los años 30's del siglo XX cuando su tarea se limitaba a la destrucción de cultivos ilegalizados de amapola.
Las primeras campañas se realizaron en el estado de Sonora y en la medida en que fueron incrementando los operativos militares, los cultivos se fueron desplazando a zonas de más difícil acceso, tal es el caso de las sierras de Sinaloa, Chihuahua, Durango y posteriormente a otras partes del país como Guerrero, Michoacán, Jalisco, Colima, entre otros estados.
En los años 70's se puso en marcha en México el primer gran operativo militar conocido como la "Operación Cóndor", el cual tenía como objetivo destruir tres zonas que el gobierno estadunidense había ubicado como las de mayor producción de cultivos de amapola y marihuana.
De acuerdo con el Doctor en Sociología, Luis Astorga, ese primer gran operativo fue el primer ensayo en toda América Latina para la participación masiva de militares en la destrucción de cultivos.
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Aunque a partir de la "Operación Cóndor" derivaron otros operativos de gran envergadura, dichas diligencias no fueron iniciativa de los gobiernos de México, sino una respuesta a las exigencias de Estados Unidos.
"No es ocurrencia de un presidente en un sexenio determinado para ponerlo de esa manera sino es un proceso de larga duración donde Estados Unidos ha tenido un papel clave", apuntó el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Astorga, en entrevista con MILENIO.
Fue en 1986 cuando el gobierno que encabezó Ronald Reagan en Estados Unidos lanzó una directiva en donde declara el problema de las drogas como un asunto de seguridad nacional, lo que tuvo como implicación inmediata una presión para que países productores de cultivos ilegalizados utilizaran a sus Fuerzas Armadas de una manera más proactiva.
De acuerdo con el investigador Luis Astorga, en México distintos presidentes tuvieron una actitud distinta respecto al considerar la problemática como un asunto de seguridad nacional, tal fue el caso de Miguel de la Madrid o Carlos Salinas de Gortari, quienes no le dieron un papel preponderante a las Fuerzas Armadas de México para el combate contra las drogas.
"Esto se va a empezar a modificar ya por presiones tanto de Estados Unidos como la propia situación interna y en la visión de presidentes posteriores [...] cuando llega Zedillo, por ejemplo, va a haber un mayor acercamiento entre el Departamento de la Defensa de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas Mexicanas, va haber un mayor intercambio entre las fuerzas de ambos países y el entrenamiento de fuerzas de élite", explicó el Doctor en Sociología.
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Además de las presiones y la relación que distintas administraciones en México mantuvieron con Estados Unidos, otro factor determinante es la dependencia estructural de las organizaciones delictivas al poder político en el país.
De acuerdo con Luis Astorga, este vínculo se da por las características mismas del Estado posrevolucionario, las instituciones y los mecanismos de contención implementados, entre los cuales destacó una institución de carácter civil pero conformada por militares: la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
La relación entre el campo delictivo y el político en México influyeron directamente en la modificación de los mercados internacionales de las drogas y en la reconfiguración de la delincuencia organizada.
"Digamos que durante varias décadas las organizaciones delictivas en México no necesitaban de 'mini ejércitos' porque su subordinación estructural al poder político hacía innecesario que conformaran grupos armados con esas características", explicó a MILENIO el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
La alternancia política en México, así como la llegada de varios partidos políticos en distintas posiciones de gobierno, también provocaron de manera simultánea transformaciones en la estructura de grupos de la delincuencia organizada.
"Ya no va a ser un solo partido con presidentes y gobernadores, presidentes municipales, Congreso de la Unión, congresos en los estados controlados por un solo partido sino que van a ser varios, entonces eso va a permitirles a las organizaciones delictivas tener una mayor autonomía relativa respecto del poder político", apuntó el Doctor en Sociología, Luis Astorga, en entrevista con MILENIO.
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Sumado a ello, trasciende que si existe una mayor cooperación entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y México en el entrenamiento de las dependencias castrenses mexicanas, no va a existir un control estricto de aquellas personas que pertenecen a Grupos de Élite y que al desertar se unen a organizaciones delictivas, tal y como sucedió con "Los Zetas".
Armamento y uniformes
Los cambios cualitativos en la relación que el poder político guarda con la delincuencia organizada provoca que la conformación de brazos armados sean relativamente distintas.
En algunos casos, como se ha visto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los grupos armados son uniformados con vestimenta que imita la de las Fuerzas Armadas de México, además del armamento que constantemente presumen a través de videos o fotografías difundidas en redes sociales.
En el caso de Los Ninis -el 'mini ejército' de Los Chapitos a quienes se les atribuye el primer Culiacanazo- su vestimenta es de civiles, sin embargo, los distingue su armamento, estrategias y tácticas de carácter militar que demostraron manejar ante aquel fallido operativo en el que se capturó y liberó a Ovidio Guzmán López.
"Hay ciertas maneras de presentar a los grupos armados por parte de las distintas organizaciones y lo que cuenta finalmente son los resultados, no tanto como aparecen aunque puede ser más llamativo", sostuvo en entrevista con MILENIO Luis Astorga, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El Doctor en Sociología hizo especial énfasis en mencionar que ninguna organización delictiva cuenta con un armamento superior al de las Fuerzas Armadas de México, sin embargo, no son utilizadas para el combate de grupos armados por las restricciones existentes en convenios internacionales.
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Esta situación cambia para las policías estatales o municipales en distintas regiones del país, en donde el abandono del Estado a las dependencias ha provocado que la delincuencia organizada sí esté mejor armada que fuerzas del orden civil.
Una consecuencia de este factor se percibe en los 2 mil 111 policías que han sido asesinados en México desde el 1° de diciembre de 2018 y hasta el 31 de agosto de 2023, según datos de la organización civil Causa en Común.
En promedio 1.2 policías han sido asesinados al día en lo que va de 2023, siendo los estados de Guanajuato (53), Zacatecas (24), Michoacán (20), Chihuahua (19) y Jalisco (19) los que acumulan el mayor número de casos de enero a agosto.
La mayoría de los policías asesinados estaban adscritos a corporaciones municipales, le siguen las estatales y finalmente a nivel federal.
La creación de los brazos armados que forman parte de los grupos de la delincuencia organizada son el resultado de una dinámica compleja y estructural en donde la relación con el poder político jugó un papel crucial, no obstante, conocer el contexto histórico, el panorama y la alternancia política actual puede suponer un primer paso para entender la dimensión del reto que se enfrenta en materia de seguridad pública en México.
ATJ