Un juez federal vinculó a proceso a cinco personas que presuntamente forman parte de una organización criminal que se dedica a internar de manera irregular a migrantes a Estados Unidos, en su mayoría procedentes de Sudamérica, a quienes exigían el pago de alrededor de 19 mil dólares por persona.
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), la red criminal se asentó en Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana, en Baja California, así como en Piedra Imán, Guerrero.
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¿Cómo operaba la banda criminal?
Tres de estas personas tenían funciones de dirección en la estructura delictiva y dos eran subordinadas, dedicándose al traslado y alojamiento de personas indocumentadas para llevarlas a territorio estadunidense, además de realizar transacciones de las ganancias obtenidas ilícitamente.
Su detención ocurrió hace unos días cuando se ejecutaron de manera simultánea órdenes de aprehensión libradas por un juez de control, por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.
Dos se cumplimentaron en Tijuana, dos en Ensenada y una en el poblado Piedra Imán.
Ubaldo “N” presuntamente fungía al menos desde 2021 como coordinador de su propia célula criminal con funciones de dirección y de coordinación de tráfico de personas a Estados Unidos.
Además de que era el responsable de fijar el precio de cada cruce irregular; sus zonas de operación eran Tijuana y Piedra Imán.
¿Cuántos migrantes transportaban?
Se presume que en promedio esta organización delictiva ingresaba mensualmente a unas 80 personas de forma irregular a territorio estadunidense, lo que les permitía obtener ganancias de más de un millón y medio de dólares durante dicho periodo.
Nohe "N", esposo de Dalia Genchi "N", supuestamente se encargaba, desde Tijuana, de coordinar y supervisar el cruce irregular de migrantes a territorio estadunidense y los albergaba en su casa.
De igual forma, María Raquel “N”, La Tía, fue señalada de tener funciones de dirección y era la responsable de internar a estas personas por la vía marítima y terrestre, principalmente desde Ensenada.
Dalia “N” se cree que se encargaba de recoger a las personas extranjeras en un vehículo y de realizar transacciones de las ganancias obtenidas por el delito de tráfico de personas a su hermano Ubaldo "N"; mientras que José Antonio "N" tenía la tarea de albergar a los migrantes en un hotel de Ensenada.
El agente del Ministerio Público Federal los imputó por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas.
La localización de estas personas, derivó del intercambio entre autoridades de Estados Unidos y de Brasil.
Así como del gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de las secretarías de Marina (Marina), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes obtuvieron información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
En lo que va del año se han desmantelado más de 200 cámaras clandestinas en municipios del Altiplano como Matehuala, Moctezuma y Charcas, en la región Huasteca en Ciudad Valles y Huichihuayán y en la zona metropolitana en la capital y Soledad de Graciano Sánchez.
RM