El gobierno mexicano justificó las modificaciones constitucionales al Poder Judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia pública del martes 12 de noviembre, en Washington.
José Antonio Montero Solano, director general de consulta y estudios constitucionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, fue el encargado de responder al organismo internacional, así como jueces, magistrados, ministros y activistas que estuvieron presentes sobre las interrogantes relacionadas con la reforma aprobada en septiembre pasado.
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Argumentó que serán respetados los derechos laborales de los trabajadores, que la elección de personas juzgadoras se realizará en un proceso transparente e incluyente, y que se implementarán medidas para impedir que intervenga el crimen en los procesos electorales.
En principio, enfatizó que “ninguna de las modificaciones constitucionales contempla afectar los derechos de los trabajadores del poder judicial”.
“La reestructuración del Poder Judicial garantiza los derechos laborales de sus personas trabajadores, esto incluye reasignación de pago de pensiones complementarias, apoyos médicos y otras condiciones laborales”, dijo.
En cuanto a la elección de personas juzgadoras, subrayó que “existen requisitos de elegibilidad e idoneidad”.
Toda vez que consideró: “es un proceso transparente e incluyente, no es un proceso cerrado y reservado para unos cuantos. Cualquiera que cumpla con los requisitos podrá postularse en los diferentes espacios de la convocatoria”.
Y concluyó: “en México, los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes peligrosos, a narcotraficantes, sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras a indígenas, está documentado el nepotismo de los poderes judiciales”.
Del otro lado del salón, juzgadores y activistas impulsaron la misma audiencia, dando parte a los relatores del fatídico proceso para la aprobación de la reforma.
“Los diálogos fueron una simulación, estuve presente en ellos, y vi como se les negó el acceso a las personas juzgadoras, las dejaron en el patio, no se nos escuchó”, declaró Carmen López, Jueza de distrito.
Mariclear Acosta, del Colectivo La Justicia que Queremos, argumentó que la reforma: “Reemplaza el mérito por la popularidad, amenaza la imparcialidad y convierte a los jueces en actores políticos”.
Fabián Sánchez Matus, representante de jueces de distrito tomó un ejemplar de las recomendaciones que ya ha impulsado la CIDH y se lanzó contra la reforma: “Quién defiende a jueces y juezas, ante una reforma de manual, pero en este sentido, contrario a todas recomendaciones que hace la comisión interamericana que es nuestra guía para realizar nuestras acciones de ahora en adelante”.
En su intervención final, Jose Antonio Montero Solano, representante del gobierno mexicano, aclaró que “la reforma ya es vigente, ya que con la decisión del pleno se confirmó la validez de la reforma, lo que resultaría “inviable la posibilidad de someter a control jurisdiccional, una reforma constitucional”.
Y se escudó en el llamado mandato popular: “Ustedes no señalaron el mandato popular que en el proceso electoral se promovió en la reforma judicial, y así fue que se promovió, bajo el mandato de la soberanía popular (…) Había posibilidades de que esto no fuera así, y, sin embargo, fue apabullante la decisión de la soberanía, del voto popular por reformar el Poder Judicial”, enfatizó.
Preocupa a CIDH reforma judicial
En su oportunidad, Andrea Pochak, relatora para México de la CIDH, aclaró que no se trata de un procedimiento contencioso, sino de recibir información para fortalecer políticas en el tema. No obstante, externó sus preocupaciones.
Agradeció la presencia de sociedad civil, jueces, juezas, trabajadoras y activistas que se dieron cita para “una audiencia complicada”, e incluso a los representantes del Estado; “No es fácil poner la cara, como lo han hecho algunos estados de la región, por eso celebro esta política exterior abierta al escrutinio internacional”, dijo.
Reconoció que el sistema interamericano ha conocido a las resistencias al Poder Judicial a ser reformado, y se dijo consciente de las tensiones que existen entre un objetivo legítimo que es la democratización del sistema judicial y la independencia judicial.
Destacó que “la Comisión interamericana ha conocido procesos similares, —dijo— hay riesgos de mayor deslegitimidad del sistema judicial frente a sistema de elección de jueces por elección popular, hay riesgos de pérdida de confianza, que el sistema de elección popular quede paralizado por tensiones políticas partidarias”.
Manifestó su preocupación por la reforma como comisión, y adelantó que aún hay mecanismos a los que se podrían utilizar cuando se hayan agotado los recursos internos.
“La CIDH está muy preocupada por esta reforma judicial, sabemos que nuestra intervención en el asunto todavía no ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades del sistema interamericano, un sistema contradictorio, contenciosos, que puede utilizarse cuando se hayan agotado los recursos internos".
“En este momento nuestras herramientas son escuchar, manifestar nuestra preocupación, como en septiembre cuando se aprobó, y facilitar instancias de diálogo, de participación, la CIDH está abierta a escucharlos a recibirlos”, concluyó.
Califican como "purga" a la reforma judicial
Luz Elena Baños Rivas, embajadora y representante de México, dijo frente a Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, que la reforma en materia de Poder Judicial ha sido una de las iniciativas más analizadas y debatidas en la democracia mexicana.
A su vez, Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed), manifestó que desde hace seis años han enfrentado ataques sistemáticos del Estado y del partido oficial.
“Esta narrativa se materializó en la reforma constitucional que atenta contra la independencia judicial. Las principales preocupaciones en torno a esta reforma, son: primero, destitución masiva de personas juzgadoras; segundo, cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular; tercero, creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, cuarto,y regresividad de derechos laborales”.
La juzgadora federal subrayó que la reforma justifica una purga masiva de juzgadores bajo un argumento de corrupción generalizada que no ha sido respaldada ni por pruebas ni denuncias y destituye a los mil 800 titulares federales a través de un proceso de insaculación (tómbola), la mitad en 2025 y los restantes en 2027, violando su garantía de permanencia en el cargo.
“Le pedimos al Estado que responda, ¿La corrupción se combate a través de procesos electorales? ¿Cuál es la justificación para destituirnos masivamente? ¿Se garantizó el debido proceso a los titulares destituidos?”.
Finalmente, Andrea Pochak, relatora de CIDH expresó que la comisión está preocupada por la reforma judicial en México.
“La Comisión Interamericana está, evidentemente, muy preocupada por esta situación, esta reforma judicial (…) En este momento, nuestras herramientas son: escuchar, recibir información y facilitar instancias de diálogo (…) Vamos a estar monitoreando la implementación de la reforma, de las distintas leyes complementarias que se vayan aplicando, cómo se vayan dando las discusiones en relación con la posible afectación de derechos individuales”.
RM