A unos días de que inicien las campañas para la elección judicial, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que la ausencia de propaganda en las calles demuestra que se ha logrado mantener el proceso ajeno a la injerencia de grupos interesados.
La acción se llevó a cabo durante una mesa redonda sobre la reforma judicial, realizada en la Universidad Tangamanga campus Saucito, en la capital de San Luis Potosí, en la que participó la ministra.
Ahí, la funcionaria respondió a la pregunta de un alumno sobre el peligro de que el crimen organizado o los partidos políticos pudieran intervenir en la elección judicial.
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¿Qué contestó Lenia Batres?
“Fíjense que es curioso, porque había este temor de que en las elecciones pudiera participar el crimen organizado o entes políticos, y vean, pues, hasta la fecha, en otro tipo de campaña electoral, ahorita ya estaría todo llenísimo de propaganda partidista", expresó.
“Estamos a unos días de empezar la campaña y no hay una sola propaganda en las calles de ningún lado, entre otras razones, porque las campañas van a ser individuales, y en el momento en el que se pueda estar entregando propaganda, iniciadas las campañas, va a ser propaganda con la limitación de que sean exclusivamente volantes, impresos en papel reciclable, no va a poderse poner otra propaganda”, respondió.
La togada indicó que esto hace confiar en que los próximos jueces, magistrados y ministros no le deban su cargo a ningún partido o poder político o económico, sino al voto del pueblo.
Batres Guadarrama manifestó que otra ventaja de esta reforma es que se acotaron los límites de los juicios, para favorecer la certeza jurídica y evitar que los procesos se alarguen interminablemente por las partes que tienen interés en que un proceso no sea resuelto conforme a derecho.
“Se puso límite en la reforma para los juicios fiscales de seis meses, y para los juicios penales ya existía límite de un año tratándose de delitos con sentencias de más de dos años de prisión, y de cuatro meses tratándose de delitos con sentencias de menos de dos años de prisión. Ya estaba en la Constitución y ahora se garantizó su obligatoriedad. Sin embargo, seguimos sin tener límite en los juicios administrativos y yo creo que debería ponerse”, apuntó.
MD