Un par de hombres llegan a una de las colonias más céntricas de Culiacán y, con la arrogancia que sólo tiene el crimen organizado en estos tiempos violentos en Sinaloa, irrumpen con la escasa luz de las 19:40 horas en el Hospital General del municipio.
Es 10 de octubre de 2024. Hugo, enfermero del turno vespertino, alcanza a ver a esos dos sospechosos; ninguno se molesta en cubrirse el rostro. Algo en las entrañas le dice al recién egresado que no hay que verles a los ojos ni hablarles. Tienen ese caminar presuroso, propio de los sicarios, así que da unos pasos atrás y se coloca detrás de un gabinete médico deseando que el latón sea a prueba de balas.
Es una intuición que ha desarrollado en los días de guerra que vive su ciudad. La larga pesadilla que algunos llaman “Culiacanazo 3”, es decir, la batalla entre Los Chapitos y La Mayiza, tras el secuestro y la entrega en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada que planearon los hijos del Chapo Guzmán.
En el hospital, los hombres se mueven como si cargaran algo apretado entre la ropa, dando zancadas que se escuchan desde lejos. Van en busca de alguien, probablemente el joven herido de bala sin nombres ni apellidos que llegó hace poco desde la comunidad de Tepuchito, Sinaloa.
Cada vez sucede con más frecuencia. Hombres y mujeres llegan con boquetes en el cuerpo hasta la Sala de Urgencias, abandonados por algún automóvil que se fuga sin que alguien lo detenga; o aparecen por su cuenta en la clínica, cojeando o arrastrándose y con la ropa empapada de sangre, exigiendo a gritos que se les atienda. Se saltan la fila, no se identifican ni tienen intenciones de pagar.
“Los tienes que atender. Si te niegas o lo dejas morir, sabes lo que te pasa, ¡bum!”, dice Hugo, cuyo nombre real no debo publicar, y del otro lado de la línea telefónica me imagino que hace una pistola con su mano y simula un disparo en la sien. “Te lo dicen muy claro: 'si dejas que me muera, mi gente vendrá y te matará también'”.
Sucede que, luego de la llegada de un baleado, también irrumpe un comando y lo busca cama por cama, piso por piso, hasta que lo encuentran y alteran el sentido de un quirófano: el espacio para salvar una vida convertido en matadero. Eso pasa en el Hospital General de Culiacán, cuando Hugo ve cómo ese par de hombres que se abren paso a gritos, sospecha que van tras ese muchacho flaco y débil que cree –erróneamente– que había librado la muerte.
No hay cifras oficiales al respecto. El asesinato “por remate” en un hospital en México no existe en las estadísticas oficiales, aunque sí existe en la vida cotidiana.
“Hay un protocolo –avisar a la policía, bloquear puertas y ventanas, no pelear con esa persona, buscar en lo posible la protección de los datos personales de los pacientes– pero la verdad es que en ese momento, cuando llegan ellos, todo lo que haces es agacharte y rezar”, dice Hugo, desde el anonimato, relata la realidad desde Sinaloa.
Así que, detrás del gabinete de medicina, tiembla. Quiere asomarse para verificar si su intuición no le engaña, pero al mismo tiempo quiere mantener la cabeza protegida. Escucha los pasos del comando y calcula que están ya en el segundo piso.
De pronto, un balazo. Luego dos, tres, cuatro… Al herido de bala, piensa, se le acabó la suerte. A su hospital y a Sinaloa también.
Las balas del cártel entran al quirófano y a las salas de urgencias
La muerte se pasea en el quirófano. También por las salas de terapia intensiva. Y ronda por las salas de espera, urgencias y observación de pacientes. Como un virus, la llegada del crimen organizado a los hospitales se propaga. Y no pasa sólo en Sinaloa.
El 5 de noviembre de 2024, un comando asesinó a un herido de bala que esperaba su alta en el hospital IMSS-Bienestar en Coyuca de Benítez, Guerrero. Apenas unas horas antes, el 4 de noviembre, otro comando irrumpió en el Hospital “Gonzalo Río Arronte” en Atlixco, Puebla, y asesinó a un paciente convaleciente por herida con arma de fuego. Y tres semanas antes, dos eventos similares se registraron en Culiacán y Mazatlán, lo que provocó que profesionales de la salud hicieran una tímida protesta en redes sociales en plena ola de la violencia. Hugo, entre ellos.
En agosto, otro comando sacó a punta de pistola a un paciente del Hospital General de Uriangato, Guanajuato, y su cuerpo fue hallado horas después con evidencia de tortura. En abril, un comando más, pero en Cuernavaca, Morelos, asesinó en un centro médico privado a un hombre que esperaba la sutura de sus heridas de bala. Y esos son apenas un puñado de casos de este año.
El asesinato “por remate” tiene sus propias variantes, como el homicidio en noviembre de Luis Roberto Delgado, director del Hospital del IMSS en Santiago Tamazola, Oaxaca, cuya principal línea de investigación es que fue secuestrado y torturado porque “se le murió” un herido de bala que pertenecía al crimen organizado.
O el del director del Hospital Básico de Quechultenango, en Guerrero, Miguel Ángel Casarrubias, asesinado a balazos en un ataque directo cuando ingresaba a Chilpancingo. Hay dos hipótesis del crimen: una mala atención médica a un criminal o la negativa de entregar analgésicos a una banda local para elaborar drogas sintéticas.
Es un problema tan grave que en Sinaloa, Guanajuato, Ciudad de México y Veracruz, al menos, las autoridades se han inspirado en protocolos de guerra para saber qué hacer cuando aparece un herido de bala, cuando llega un comando o cuando un médico o enfermera son amenazados de muerte si no salvan a un moribundo.
Son protocolos nuevos para un problema añejo. Una revisión hemerográfica hecha por DOMINGA registra casos desde, al menos, 2007, cuando un sicario avanzó hacia el Hospital General “Doctor Alfredo Pumarejo” en Matamoros, Tamaulipas, y llegó hasta la camilla donde reposaba la cantante Zayda Peña, quien horas antes había sobrevivido a un ataque directo con balas de grueso calibre.
A los 26 años, la promesa de la música regional mexicana fue asesinada en el área de terapia intensiva, mientras su cuerpo se recuperaba de una cirugía que buscaba salvar su barbilla y dentadura y, con suerte, que volviera a los escenarios.
Artistas, policías, líderes comunitarios, mafiosos, testigos protegidos son las víctimas de esta modalidad de homicidio que no tiene cura.
Hospitales y trabajadores médicos deberían ser intocables
El derecho internacional humanitario, también conocido como derecho de la guerra, tiene una prohibición clara: los centros de salud y trabajadores médicos son intocables.
“Los ataques contra hospitales son actos nocivos, pues al destruir un hospital y matar a los trabajadores de la salud que están allí, también se pone en riesgo la vida de quienes necesitarán su atención en el futuro”, dijo Bruno Stagno-Ugarte en 2017, entonces subdirector ejecutivo de incidencia de Human Rights Watch.
Sus palabras resumen las razones para considerar esos ataques como crímenes de guerra que deberían juzgarse en tribunales. Se trata de una regla con pocas excepciones y que ofrece amplias protecciones, por ejemplo, a medios de transporte sanitario –ambulancias–, infraestructura hospitalaria, personal médico, heridos y enfermos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja establece que los hospitales sólo pierden su inmunidad, si cometen cuatro graves faltas: si se convierten en puestos de transmisión de información militar, si se vuelven depósitos de armas, si se transforman en centros de enlace de las tropas en combate o si dan refugio a combatientes en buen estado de salud.
Pero esas son las reglas de una guerra convencional, en la que los ataques suelen ser aéreos o con explosivos. En México, los ataques se dan vía terrestre y cuerpo a cuerpo con arma de fuego. No se comparan. Además, “la guerra contra el narco” no es una guerra tradicional, sino un membrete para la militarización de la seguridad pública. Algunos académicos, incluso, califican la violencia en nuestro país como “conflicto armado interno” o “violencia sistemática”, lo que desregula los ataques contra hospitales.
DOMINGA recibió de la organización internacional Médicos Sin Fronteras el listado de ataques a hospitales, personal sanitario o pacientes heridos en lo que va del año: van 11 en Sudán, 8 en Palestina, 5 en Haití, 3 en Ucrania y uno en Malí, Líbano, Burkina Faso, Myanmar y la República Democrática del Congo. México no está en la lista, a pesar de que se “remata” cada tres meses, en promedio, de acuerdo con nuestra revisión de notas en prensa. Un fenómeno invisible a la vista, como bacteria que mata.
El crimen podría tomar las redes de los centros de salud
La situación se vuelve más grave cuando se miran las proyecciones de firmas de seguridad, como Sissa Digital, que hablan de un futuro negro para los hospitales. Por ejemplo, en algunos años, la irrupción de un comando será el menor de los males. Tal vez, para 2040, los gobiernos estatales ya hayan desarrollado protocolos más eficaces y el problema ya no entrará por la puerta, sino por internet.
De acuerdo con el especialista Daniel Vázquez Cayetano, gerente de Desarrollo Tecnológico de Sissa Digital, dentro de pocos años el crimen organizado podría tomar por asalto las redes de los centros de salud para consultar, robar o revender información sensible de los pacientes y así ponerlos en riesgo. Los cárteles no necesitarán de un sicario empuñando un fusil AK-47, sino de un programador reclutado en internet que diseñe un virus escondido en un correo o una liga a una página web apócrifa.
“Las consecuencias de este tipo de ataques son muy graves, hasta catastróficas, por la importancia de la información relevante que maneja un hospital, los expedientes de los pacientes, los datos personales de los pacientes y personal activo, manejo de sustancias controladas, manipulación de tecnologías, entre muchas otras cosas igual o más importantes”, asegura Vázquez en un análisis en el sitio Seguridad en América.
En el mejor de los casos, los ataques del crimen organizado serán sólo económicos, como el que sufrió el sistema de salud de Irlanda en 2021, cuando un virus diseñado para bloquear computadoras, Conti, interrumpió todos los servicios hospitalarios, canceló abruptamente las citas médicas y capturó los expedientes de miles de pacientes; cientos de doctores volvieron al papel y bolígrafo, mientras que el gobierno negociaba un rescate de 20 millones de euros que no se depositó pero sí dejó deudas por 100 millones.
En los peores casos, los embates terminarán en pérdidas humanas, como sucedió en el Hospital Universitario de Düsseldorf, Alemania, en 2020, cuando un grupo de hackers bloqueó el acceso a todos los datos sensibles de los pacientes a cambio de un monto no especificado. El secuestro de datos necesarios para hacer una cirugía de emergencia causó el traslado de emergencia de una paciente en estado crítico a otro centro de salud, pero falleció en el camino.
Su muerte es considerada el primer asesinato del crimen organizado mediante un ataque cibernético a un hospital. Es el futuro que aguarda.
“Código Gris”, la clave cuando un persona pone en peligro a personal y pacientes
Hugo escucha una clave. “¡Código gris, código gris!”. En su cabeza hurga entre las distintas claves que usan sus jefes: rojo es fuego, azul es paro cardiorrespiratorio, amarillo es contacto con sustancias peligrosas, verde es evacuación inmediata. “¡Código gris, código gris!”. Y entonces recuerda: esa contraseña indica el ingreso de una persona violenta que pone en peligro a personal y pacientes. Un eufemismo en estos tiempos para describir un comando armado o un tirador solitario con arma larga.
El protocolo indica que hay que mantener la calma, pero se escuchan gritos y llanto por los pasillos. También que se debe dar aviso a las autoridades, pero en Culiacán el enfermero, Hugo, se encuentra a unos 250 metros del radio y teme que, si cruza desprotegido, podrían dispararle por la espalda. Lo mejor, relata en entrevista, es hacer caso a los pasos que indica manual de emergencias de seguridad: no involucrarse con los sicarios, replegarse con los pacientes cercanos a un lugar seguro y esperar a que la Guardia Nacional o los militares se presenten en el hospital.
“En mi cabeza pensaba: ‘van a escuchar los gritos y van a venir, sí, sí, tú mantén la calma, no hay forma de que no se den cuenta, ahorita nos salvan… qué tonto, ¿no?”, recuerda Hugo, porque ningún uniformado se presentó de inmediato aquella tarde de octubre, a pesar de que tienen un puesto de vigilancia a dos calles del hospital de Culiacán.
Los dos sicarios bajan del segundo piso a la planta baja blandiendo sus armas cortas. Para abrirse paso, apuntan a enfermeras, pacientes, paramédicos, choferes de ambulancias. Hugo cree que, por un segundo, que una pistola de 9 mm le apuntó a la cabeza mientras huían. Lo recuerda como en cámara lenta: los sicarios se alejan por la calle Aldama y detrás dejan a una mujer desmayada por el susto y a decenas con crisis nerviosas.
Hugo corre al segundo piso. Ahí están sus colegas y amigos. La boca está seca, las manos temblorosas. Se pregunta qué medicamento usará para calmar los nervios de sus pacientes que se miran con una mezcla de horror y resignación. “No sé cuántas personas pueden decir que se ha vuelto normal que en sus lugares de trabajo lleguen hombres armados. Eso es algo que veía sólo en películas, en lugares como Siria o Afganistán, pero está acá, en casa, en México”, dice.
El tumulto lo lleva al final del pasillo principal del segundo piso, donde los médicos rodean el cuerpo ensangrentado de ese joven, después identificado como Carlos Alberto N., de 23 años de edad. No fueron cuatro, sino seis los balazos que lo mataron conectado a una sonda con sedantes.
“Un día ya no serán sólo los pacientes. Un día habrá una balacera aquí, se van a encontrar los dos bandos: el que quiere llevarse a su herido y el que lo quiere matar. Y entonces todos nos vamos a quedar entre las balas, como ya le pasa a Culiacán”, dice Hugo, indignado, desde algún lugar del epicentro del miedo en Sinaloa.
Al paciente de la cama 235 se le acabó la suerte. Hugo se pregunta, en cada turno, ¿cuándo acabará la fortuna de él o de sus compañeros en el hospital?
GSC/ATJ