Por unanimidad, el Congreso local aprobó “endurecer” con hasta 12 años de cárcel y multa de hasta 79 mil pesos las penas a los agresores que dañen con ácido a las mujeres o personas en general en Nuevo León.
Los legisladores aprobaron la reforma impulsada por el PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano, estableciendo que se impondrán de ocho a 12 años de prisión y multa de 300 a 400 cuotas, cuando las lesiones hayan sido ocasionadas de manera dolosa mediante la utilización de cualquier tipo de gas, compuesto químico, ácido, alcalino o sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, explosivas o reactivas.
- Te recomendamos Congreso de Nuevo León aprueba 'Ley Valeria' que tipifica el delito de acecho Comunidad
O bien, cuando el agresor utilice cualquier otra sustancia que produzca quemaduras a la víctima.
Perla Villarreal, coordinadora del PRD, dijo que actualmente ya se reconoce este tema, pero hacía falta la tipificación y endurecimiento de las penas.
“Estos actos constituyen un tipo de violencia extrema con consecuencias devastadoras para sus víctimas, a quienes se les causa daños irreparables y son condenados a llevar una vida marcada por el dolor y la discriminación”, apuntó.
Claudia Caballero, diputada local del PAN, urgió a pensar en una ley especifica del tema.
“Ante una alarmante realidad, mujeres, hombres, niños y niñas son víctimas de ataques con sustancia sustancias tóxicas que dejan cicatrices imborrables. No sólo físicas, sino emocionales y sociales, ataques que destruyen vidas, que mutilan, que marcan de manera irreversible, pero lo que es aún más doloroso es que estos actos han sido interpretados, en muchos casos, sin ninguna respuesta firme de la ley, la impunidad que rodea estos crímenes es inaceptable cuando un ataque con ácido se lleva a cabo el daño, no se limita a la víctima afecta a su familia a su entorno a toda la sociedad, los agresores, muchas veces no enfrentan la dureza de la ley”.
“Hacemos este llamado que saquemos una ley, una creación de una ley específica que aborde los ataques con sustancias corrosivas. Esta ley debe de garantizar no sólo apenas severa para los agresores, sino también un sistema de protección integral para las víctimas, esto incluye atención médica, adecuada, apoyo psicológico y medidas”, explicó.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, reconoció que la reforma es un avance a la protección de mujeres.
“Es imperativo que nuestro marco legal refleje la magnitud del daño causado y ofrezca una protección efectiva a quienes denuncian”, agregó.
Greta Barra, diputada de Morena, declaró no deben gozar de impunidad los agresores, pues el 85 por ciento de los casos son hombres atacando con ácido a mujeres.
Guadalupe Rodríguez, coordinadora del Partido del Trabajo, declaró que se buscaba fortalecer los delitos que viven, lamentablemente, las mujeres.
“Registrándose hasta 40 víctimas en nuestro país atentando contra la integridad física y moral de las mujeres. En su mayoría, esta práctica violenta en otros países, se presenta también por como una forma de venganza de rechazo de acoso o simplemente como una forma más de violencia”, concluyó.
Armonizan feminicidio a estándares internacionales
El Congreso local también aprobó una reforma que armoniza el feminicidio a estándares internacionales, con el fin de que se agregue las relaciones laborales y docente, a fin de proteger a las mujeres.
Berenice Martínez, vicecoordinadora de Morena, respaldó la reforma a diversas disposiciones del Código Penal para fortalecer el tipo penal de feminicidio y armonizarlo.
“La violencia feminicida presente en nuestro estado nos debe llamar a la reflexión, pero sobre todo es nuestro deber como legisladores realizar las adecuaciones necesarias al marco normativo para favorecer la disminución de estos hechos delictivos que provocan la muerte de mujeres por razones de género”.
“Este dictamen responde con sensibilidad y responsabilidad ante esa realidad, al ampliar y precisar las circunstancias que configuran el feminicidio, incorporando relaciones de confianza, laborales y de hecho, así como agravantes como la condición de embarazo, edad o discapacidad de la víctima, y la calidad de servidor público del agresor”, finalizó Martínez.
mrg