Con una política ambiental en México sumamente frágil, tanto a nivel federal como estatal, los problemas en esta materia se agudizan ante la impunidad creciente; el mínimo presupuesto destinado al sector, las capacidades institucionales para proteger ecosistemas, la degradación del capital natural, así como para garantizar el derecho a un medioambiente sano también son reducidas, según cifras del Índice Global de Impunidad Ambiental en México (IGI-AMB) 2020, desarrollado por la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
“El Índice de Impunidad Ambiental pone de manifiesto nuestra preocupación por la forma en que los problemas ambientales se agudizan ante la falta de implementación de políticas en dicha materia, que sean eficientes y justas en todos los órdenes de gobierno, así como la ausencia de capacidades institucionales y recursos presupuestales; todo esto por la creciente influencia destructiva que tienen los delitos ambientales.
“Por ello, resulta indispensable asumir plenamente la importancia de la justicia ambiental como factor central en la protección del medio ambiente”, señaló Luis Erneto Derbez, rector de la Udlap, en la presentación del documento.
En la primera edición del índice de impunidad ambiental realizada por la Udlap, el desempeño de todas las entidades se encuentra por debajo de la mitad del puntaje máximo que podrían alcanzar, que es cuatro. Destacaron que, más que la posición de cada entidad en el ranking, lo más importante es que los datos advierten que “ninguna (entidad) destaca por haber alcanzado un alto desempeño en materia de política ambiental”.
“El promedio nacional de impunidad ambiental que hemos encontrado es de 1.93 y el caso mejor evaluado alcanza 2.31 en una escala en la que el máximo posible es de cuatro puntos. Esto nos advierte que la política ambiental en México es sumamente frágil, en el ámbito federal y en todas las entidades del país (...) Necesitamos políticas ambientales más ambiciosas y mejor implementadas, con mayores capacidades y recursos presupuestales, cuyos resultados puedan ser medibles, verificables y reportable”, informó.
De acuerdo con el índice, Colima fue calificada con muy alta impunidad; mientras que seis entidades comparten impunidad alta: Sinaloa, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán y Tabasco. Un total de 15 estados se ubican en situación de impunidad media: Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Nuevo León, Hidalgo, Quintana Roo, Estado de México, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Nayarit.
En impunidad media baja están diez entidades: Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Baja California, Ciudad de México, Morelos y Durango, pero no pueden catalogarse como ejemplo de impunidad baja, pues ninguna supera al menos un valor de 2 sobre 4 puntos posibles.
El índice realiza una medición a partir de cuatro dimensiones: capacidad institucional, degradación ambiental, crimen ambiental y estrategia intergeneracional. Mientras que los autores del mismo definen como impunidad ambiental la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medioambiente, sea esto consecuencia de la falta de capacidades institucionales o de voluntad política de las autoridades.
De esa forma, en la dimensión capacidad institucional, el promedio nacional se ubica en 0.25 puntos; la entidad mejor evaluada es la Ciudad de México con 0.46, y el valor mínimo corresponde a Yucatán y a Veracruz con 0.15. En la dimensión de crimen ambiental el promedio nacional se encuentra en 0.75; Nuevo León alcanza la calificación más alta, con 0.86 y Baja California Sur, la peor con 0.50.
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En la dimensión de degradación ambiental el promedio nacional alcanza 0.57, con un máximo de 0.64 para Zacatecas y 0.45 para Colima. y en la dimensión de estrategia intergeneracional, enfocada en medir la existencia de instrumentos ambientales de largo plazo, muestra un promedio de 0.36. Baja California alcanza el mejor resultado, con 0.68. Tlaxcala alcanza solamente 0.08.
“No es posible implementar una política ambiental efectiva con capacidades y recursos institucionales tan limitados, tanto a nivel federal como estatal, pero mucho menos será posible hacer frente a las consecuencias naturales y humanas de la crisis ambiental global y el cambio climático. En este sentido, es indispensable que la federación y las entidades federativas incrementen significativamente los presupuestos designados para atender las necesidades del sector ambiental”.
El IGI-AMB indica que en México, el costo por el agotamiento y la degradación ambiental equivale al 4.6 por ciento del producto interno bruto, cifra en aumento y que contrasta con un 0.7 por ciento de gasto en protección del ambiente. Destaca que a partir de 2015, el gasto público ejercido en conservación y uso sustentable de la biodiversidad en el país se observó un decremento real del nueve por ciento, lo que refleja que no existe un verdadero compromiso con la protección al medioambiente. Además de que el presupuesto del gobierno destinado al Ramo 16: medioambiente y recursos naturales, se redujo notablemente en el periodo de 2012 a 2019.
Destaca que la distribución del gasto ejercido durante el periodo de 2012 y 2018 ha beneficiado en gran medida a la Comisión Nacional del Agua, mientras que el resto de los organismos se han repartido, en promedio, apenas el 17 por ciento del gasto, entre las afectadas, están la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), responsable de la administración y gestión de 182 área protegidas que representan casi 91 millones de hectáreas, una sexta parte del territorio nacional, y que en el Presupuesto Programado de Egresos de la Federación de 2020, le fue designado un presupuesto de 9.6 pesos por hectárea, 10 por ciento de lo que tendía en 2016.
El índice también destaca que la defensa por el derecho a un ambiente saludable está fuertemente ligada con las injusticias ambientales, como la extracción de recursos de manera ilegal, la violencia hacia activistas, el crimen organizado vinculado a actividades ilícitas o el desarrollo de megaproyectos sin consulta de comunidades o pueblos indígenas, con altos niveles de impunidad.
En el periodo de 2012 a 2019 se han documentado 499 ataques a personas defensoras de los derechos humanos ambientales, de los cuales 83 casos han resultado en homicidio. Para 2019, los estados de la República con mayor número de ataques fueron Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas y el Estado de México, en su mayoría relacionados con proyectos de energía eléctrica y explotación de recursos forestales y 10 casos más se agregaron de enero al 12 de mayo de 2020.
LP