El Poder Judicial de la Federación (PJF) concedió una suspensión a la organización Educación con Rumbo a fin de que la Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Procurador Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Fiscal General de la República, garanticen que en las escuelas del país se cumpla un ambiente sano y libre de violencia física y sexual.
Esto ante el aumento de incidentes de violencia sexual en escuelas, además porque México ocupa los primeros lugares a nivel internacional en violencia sexual y pornografía infantil.
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El abogado constitucionalista, Miguel Ángel Ortiz, sostuvo que el amparo presentado se dirige a visibilizar el abuso sexual creciente en escuelas,
“El abuso sexual en escuelas es un delito lacerante por vulnerar a niños entre 3 y 17 años y por tratarse de un delito cometido con todas las agravantes que está creciendo en México y que exige que las autoridades lo reconozcan para posteriormente prevenirlo, combatirlo, sancionarlo con las penas máximas y erradicarlo”, señaló en un comunicado.
Agregó que el aumento significativo de incidentes de violencia sexual en escuelas exige una respuesta firme y coordinada de autoridades y de corresponsabilidad de padres de familia, directivos de escuelas, maestros y equipo administrativo.
Añadió que esperan que el amparo y la resolución del Poder Judicial de la Federación sea acatada sin reservas por las autoridades considerando que se trata de una problemática muy sensible que afecta el valor más puro de la niñez que es su inocencia.
Además, dicha problemática ha sido identificada y reconocida por la OCDE, Unicef, el Senado de la República, el IMSS y las propias autoridades, por lo cual, es un tema que no admite posturas ideológicas, cálculos políticos ni impugnaciones.
Advierten incremento de violencia sexual
La organización Educación con Rumbo reveló que el estudio denominado Es un Secreto. La explotación sexual infantil en escuelas de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C., documentó casos en los que se vulneraron los derechos humanos de las infancias.
Aunque no brinda detalles estadísticos, según la organización, se documentaron casos donde se utilizaron cámaras, se vulneraron física y sexualmente a los niños en instalaciones de escuelas a partir de supuestos juegos; y en algunos casos los sustraían de escuelas y obligaban a los alumnos a presenciar actos donde vulneraban a otros niños.
“Adicionalmente, se detectaron casos donde operan grupos dedicados a la explotación sexual infantil dentro de escuelas públicas y privadas, en las que participan maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia.
“Y revela un profundo contexto de vulnerabilidad y desprotección, debido a la falta de mecanismos de acceso a la justicia, detección oportuna y atención integral de la violencia sexual infantil en las escuelas”, señaló el reporte.
IOGE