El magistrado del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, propuso en un proyecto de sentencia desechar la demanda presentada por las consejeras del INE, Carla Humphrey y Dania Ravel, contra el vocal Ejecutivo de la Junta Local de Zacatecas, Matías Chiquito Díaz de León, por violencia política de género.
En el documento que será sometido a consideración del pleno, el magistrado argumentó que el juicio debe ser desechado, ya que la demanda de las consejeras se promovió “de manera extemporánea”.
“Con independencia de que se actualice alguna otra causa de improcedencia, el presente juicio debe desecharse, ya que la demanda de las ciudadanas actoras se promovió de manera extemporánea”, explica.
La sentencia explica que los dichos de Chiquito Díaz de León fueron publicados el 28 de abril de 2024, mientras que la demanda se presentó hasta el 28 de febrero de 2025, es decir, 10 meses después de que sucedieron los hechos.
De esta manera, se excede el plazo legal de cuatro días para interponer el juicio ciudadano.
“Es evidente que la parte actora conoció de los hechos que ahora denuncia desde el 28 de abril del 2024 y, en el mejor de los escenarios, desde el 6 de agosto de 2024, cuando desde las oficinas centrales del INE se inició una investigación interna por los hechos denunciados. En el caso, no se advierten ni se argumentan causas objetivas para la falta de presentación del medio de impugnación dentro de los términos legales”, advierte el proyecto.
MILENIO publicó que Ravel y Humphrey presentaron dos demandas ante el Tribunal Electoral, en contra del vocal de Zacatecas luego de que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE no advirtió en las declaraciones del funcionario elementos de apología a la violencia en contra de las mujeres, ni base para estimar que se está ante esquemas patriarcales, misóginos o discriminatorios por razón de género.
Las consejeras acusan al funcionario de Zacatecas de realizar mansplaining con declaraciones que conllevan condescendencia, suposición de superioridad y descalificaciones implícitas o explícitas por frases como “mis consejeras”, “no pueden tener más información ellas que yo” o señalar “debilidad mental” en una nota publicada en un diario local en abril de 2024.
Sin embargo, fue hasta febrero de este año cuando las consejeras pidieron al TEPJF reconocer que las declaraciones que realizó el vocal ejecutivo constituyeron violencia política en razón de género, la cual vulneró sus derechos político-electorales.
Rodríguez Mondragón aclara en su proyecto que el derecho a la justicia de las consejeras por la presunta afectación de sus derechos político-electorales está a salvo porque el juicio ciudadano no es la única vía para dirimir estos conflictos, pues existe el procedimiento especial sancionador que, considera, es la vía idónea para conocer quejas y denuncias que determinen las responsabilidades e impongan sanciones.
“Están a salvo los derechos de las actoras para interponer el procedimiento especial sancionador correspondiente, cuyos plazos para interponer la queja inicial, dada su finalidad punitiva, son más laxos”, agrega.
EHR