Organizaciones civiles enviaron una carta a las secretarías de Medio Ambiente y Economía ante la amenaza de que el proyecto Don Diego, que busca extraer fosfato del fondo marino en el Golfo de Ulloa, sea reactivado tras un fallo internacional a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, a través de su filial Exploraciones Oceánicas.
“El proyecto implica graves impactos a la biodiversidad y pesca local. Solicitamos cancelar concesiones mineras en la Zona Económica Exclusiva y evitar que la empresa obtenga beneficios dobles”, indicaron Alejandro Olivera, del Centro para la Diversidad Biológica y Mario Alberto Sánchez Castro, director regional de la Oficina Noroeste del CEMDA, en representación de una veintena de organizaciones.
Los demandantes piden al gobierno mexicano que mantenga la negativa al proyecto Don Diego y a cualquier iniciativa similar; además de informar sobre cualquier trámite relacionado con minería submarina en la región, garantizando la participación efectiva de las comunidades locales, y reforzar las políticas y regulaciones ambientales para asegurar que estos proyectos sean evaluados con rigor científico y conforme a los principios de precaución, prevención e in dubio pro natura.
En la misiva dirigida a la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra y de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, los firmantes expusieron su profunda preocupación ante la posibilidad de que se reactive el proyecto minero submarino, que pretende extraer fosfato del fondo marino mediante dragado, una técnica con impactos ambientales irreversibles para la biodiversidad y la economía local.
“El Golfo de Ulloa es una región de alta productividad biológica, crucial para la pesca, que representa aproximadamente el 42% de la actividad pesquera en el estado. Además, es hábitat de especies en peligro de extinción, como la tortuga caguama (Caretta caretta) y la ballena gris (Eschrichtius robustus), las cuales podrían verse gravemente afectadas por el dragado que el proyecto minero implica”.
Los activistas relataron que en septiembre de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, falló a favor de Odyssey Marine Exploration, ordenando a México pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares tras la negativa de la Semarnat de otorgar el permiso ambiental para el proyecto Don Diego. Esta decisión se basó en que México habría incurrido en trato injusto y discriminatorio contra la empresa, violando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Explicaron que las reglas del CIADI limitan a México impugnar la sentencia en un tribunal superior. Y, a pesar de que el Gobierno de México anunció su intención de impugnar la decisión, se desconoce si se tomaron acciones legales al respecto, dejando en incertidumbre la postura oficial del país sobre este caso.
De acuerdo con las organizaciones sociales, el Gobierno de México ha argumentado que la negativa del permiso ambiental al proyecto Don Diego se basó en razones estrictamente técnicas y científicas, alineadas con la legislación ambiental nacional y los compromisos internacionales del país en la protección de ecosistemas marinos. Se ha destacado que el dragado del fondo marino para la extracción de fosfato generaría impactos severos e irreversibles sobre la biodiversidad y las actividades pesqueras locales, afectando directamente a comunidades que dependen de estos recursos para su sustento.
Asimismo, se ha señalado que la empresa no logró demostrar con suficiente evidencia científica la viabilidad ambiental del proyecto, lo que justificó su rechazo por parte de Semarnat.
“El gobierno mexicano ha señalado que a algunas de las personas que testificaron a favor del proyecto se les habían pagado grandes cantidades de dinero para testificar, lo que ha suscitado dudas sobre su imparcialidad”.
Además, en diciembre de 2024, Odyssey Marine Exploration anunció la formación de una empresa conjunta con Capital Latinoamericano, S.A. de C.V., para desarrollar un proyecto de fertilizantes en la Zona Económica Exclusiva de México. Según el comunicado oficial, Capital Latinoamericano, S.A. de C.V. se comprometió a destinar una inversión inicial de 25 millones de dólares para el desarrollo del proyecto, con la posibilidad de expandir su financiamiento hasta 50 millones de dólares adicionales.
Las ONG’s acusan que Juan Cortina Gallardo, empresario con gran influencia en el sector agroindustrial y financiero, es uno de los principales inversores de esta iniciativa, lo que genera preocupaciones sobre el respaldo económico y político que podría recibir el proyecto, inclusive en detrimento de la protección del ecosistema marino.
Actualmente, de acuerdo con la resolución internacional, Odyssey Marine Exploration está en espera del fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para recuperar su Autorización de Impacto Ambiental (AIA), bajo el argumento de que la negativa de Semarnat fue ilegal y arbitraria. La empresa ya impugnó por segunda vez la negativa del permiso ambiental ante este tribunal, y de obtener un fallo favorable, podría recuperar su AIA y avanzar con el proyecto. La decisión del TFJA es clave, ya que, de ser favorable a Odyssey, abriría la posibilidad de que la empresa reanude formalmente su intención de explotar los recursos del fondo marino en el Golfo de Ulloa.
“Este proyecto contradice la legislación ambiental vigente y la postura internacional de México ante la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, donde el país ha defendido la regulación estricta de la explotación de los fondos marinos para proteger la biodiversidad”.
Preocupación sobre el Riesgo de Doble Recuperación en el Caso "Don Diego" El tribunal arbitral también abordó la preocupación de que una segunda resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) pudiera otorgarle un doble beneficio a Odyssey Marine Exploration, pues se consideró que hasta no haber una segunda sentencia, donde se decida si se otorgará o no el permiso a la empresa, no se puede tener certeza de si las decisiones del Estado mexicano le afectan y en qué medida.
México argumentó que Odyssey no especificó si los daños reclamados estaban basados en los Artículos 1116 o 1117 del TLCAN, lo que podría generar una compensación duplicada.
Si el TFJA llegaba a fallar a favor de la empresa en la segunda impugnación de la negativa de la AIA, la compañía podría terminar operando el proyecto mientras ya había sido compensada por su supuesta pérdida.
Por lo tanto, el laudo arbitral debería considerar esta posibilidad y asegurarse de que no se generará una "doble recuperación".
El tribunal reconoció la preocupación sobre el posible doble beneficio, pero resolvió que: se asumió que los daños otorgados en el arbitraje compensaban completamente a la empresa, por lo que no tendría derecho a recibir más compensación en el futuro.
De esa manera, las ONG’s demandaron a México que procedan con la cancelación definitiva de las concesiones mineras vigentes en la ZEE de México para evitar la explotación de un ecosistema marino de alta importancia ecológica y económica, y que se lleve la preocupación sobre la doble recuperación ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que se garantice que no se beneficie económicamente a la empresa mientras se le permite operar el proyecto.
MSS