Diputadas de Morena y del PRI, encabezadas por Andrea Chávez, Yolanda de la Torre y Ana Lilia Herrera, presentaron una iniciativa de ley para tipificar el delito de reclutamiento de menores de 18 años de edad por el crimen organizado y sancionarlo hasta con 20 años de prisión y multa de mil a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
Subrayaron que, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), tan solo en 2020 se reclutaron por parte del crimen organizado cerca de 250 mil niños y adolescentes.
En conferencia de prensa conjunta, la legisladora morenista Andrea Chávez remarcó la importancia de aprobar la iniciativa par dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas a México entre 2011 y 2015.
Precisó que la propuesta de reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas representa el primer paso para atender el problema.
“Yo soy juarense y en Ciudad Juárez las niñas y los niños y en las zonas marginadas generalmente tienen una sola aspiración en la vida y su aspiración es ser halcón, ser cocinero, es ser mensajero o ser sicario, como alguno de sus padres que lamentablemente han perdido la vida”, señaló.
En su turno, la priista Yolanda de la Torre Valdez indicó que el crimen organizado utiliza a los menores de edad para cometer ilícitos y luego los desecha como objetos:
“¿En qué momento se perdió la sensibilidad humana para que se utilice sin remordimiento a los menores de edad como escudos humanos u objetos desechables?”, cuestionó.
Ana Lilia Herrera, también diputada del PRI, urgió a ponerle freno a la situación para que no haya más niños y adolescentes involucrados con las organizaciones criminales.
Reconoció por ello el acompañamiento de las autoridades y de organizaciones sociales, a fin de coordinar esfuerzos y avanzar en la solución del problema en el país.
En la presentación estuvieron presentes funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional y representantes de organizaciones de la sociedad civil en favor de los derechos de los menores de edad.
JLMR