Hace 22 años y 10 meses, el 24 de abril de 2002, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información (el Senado lo hizo el día 30 de ese mes), a partir de tres iniciativas presentadas: la del diputado Miguel Barbosa Huerta (PRD), otra del colectivo “Grupo Oaxaca” y la del presidente Vicente Fox Quesada.
La primera propuso que el derecho a la información fuera garantizado por la “Comisión Nacional de Derechos Humanos”. La segunda, sugirió que la tutela quedara en el “Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública”. Y la tercera, en la “Comisión de Garantías de la Información”.
Finalmente quedó en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, “órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión”, cambiando su estatus jurídico a “organismo descentralizado, no sectorizado”, por decreto presidencial publicado el 24 de diciembre de 2002.
Cinco años más tarde, entre marzo y abril de 2007, el Congreso de la Unión convertiría al IFAI en un organismo con autonomía constitucional, afinada con la reforma que dio vida al INAI, publicada el 7 de febrero de 2014.
Viene a cuento lo anterior, porque el 20 de febrero pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remitió al Senado cuatro iniciativas, una de ellas para expedir la Ley General de Transparencia. y
Remisión que atiende el mandato del artículo segundo transitorio, de la Reforma Constitucional en Materia de Simplificación Administrativa, vigente desde el 21 de diciembre pasado, que estableció un plazo de 90 días naturales para expedir las leyes secundarias del nuevo paradigma.
Propone la creación de “Transparencia para el Pueblo”, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, facultado para resolver las inconformidades contras las resoluciones de las autoridades garantes de las entidades federativas, al que se transfiere el recurso humano del INAI y a la Secretaría la Plataforma Nacional de Transparencia.
Un viaje circular de 23 años, para retornar al origen de la tutela del derecho a la información pública en México: el Poder Ejecutivo Federal, ésta vez, por conducto de su contraloría.