Hay un instante que no puedo borrar de mi mente: durante una reunión, alguien se acercó a un funcionario para decirle que estaban extorsionando a restauranteros. El personaje, a la defensiva y en un tono descortés le dijo: yo no tengo ningún reporte de extorsión, no hay nada.
Esto ocurrió en Celaya hace algunos años.
Creer que la ciudadanía denunciará un delito basado en el miedo y la desconfianza hacia la autoridad, es por decir lo menos, inocente.
Existe legislación, existen capacidades de investigación de inteligencia, existen aplicaciones para facilitar citas y denuncias. Pero nada de ello sirve si no se construye el puente de confianza con la ciudadanía.
Y si la autoridad cree que porque no hay denuncias, no existe la extorsión, mejor que renuncien.
La extorsión en México se volvió una industria que toca a todos los sectores económicos, tanto en la variedad de la actividad productiva como en los ingresos. La extorsión afecta lo mismo al tendero de la esquina que al gran empresario del transporte. Y los montos son igual de variables, en cantidad y frecuencia.
Esa “industria” permite al crimen establecer alguna especie de “gobernanza criminal”, término que define la regulación delincuencial de la vida cotidiana por organizaciones que actúan fuera de la ley.
Está más que demostrado que las socorridas campañas que hemos visto en medios de comunicación y espectaculares, no son efectivas cuando se les considera la única línea de acción.
La extorsión es un crimen “colectivo”, ya que son varios los actores que participan en su comisión. Y por ello, de entrada, la construcción de soluciones requiere una respuesta colectiva.
Así como los criminales entregan “papelitos” para intimidar a su víctima, se requiere que la autoridad esté igual de presente, que gaste suela. Se necesita que las y los funcionarios acudan a las zonas en las que hay indicios sobre su presencia: la confianza solo se gana cara a cara y cuando se logra la sensación de que quien se tiene enfrente, es capaz de brindar ayuda.
También se requiere una acción comunitaria, en la que se generen redes entre los sectores más vulnerables, lo que permitirá en algún momento que las personas que son víctimas de este delito, reduzcan el miedo al compartir su experiencia y se encuentren necesidades y soluciones de manera conjunta. Pero para ello, se requiere mejorar la cohesión social.
Hay que provocar conversaciones constructivas sobre la extorsión en medios de comunicación, que permitan normalizar la denuncia y la negativa a pagar, resaltando los casos de éxito.
Los grupos de enlace de la autoridad con la ciudadanía, también son indispensables. Se trata justamente de que la autoridad y la ciudadanía construyan ese necesario puente de confianza, pues brinda una alternativa a la denuncia directa de la extorsión e incluso, la detección de corrupción de funcionarios públicos.
Y un punto fundamental: para entender este delito, es necesario plantear preguntas y encontrar respuestas.
¿Quiénes son los actores criminales que cometen extorsión? De ellos, ¿hay diferentes grupos en competencia?
¿Qué sectores son objeto de extorsión? ¿Cuál es la extensión geográfica de ese delito? ¿Cuáles son los principales impactos de la extorsión en la comunidad donde se presenta?
Los grupos que se dedican a la extorsión ¿participan también en otros sectores ilícitos o lícitos? ¿Agentes del Estado están también implicados?
¿Cuándo comenzó la extorsión? ¿Hasta qué punto está normalizada? ¿Qué formas adopta? ¿Se paga por “protección” o por evitar un riesgo?
¿Cómo se comete la extorsión? ¿Cuál es el sector más vulnerable y cuáles son los factores de riesgo?
Y ahí no terminan las preguntas, cuyas respuestas son indispensables para implementar un plan de acción que contemple presencia, inteligencia, investigación y ministerialización para un desenlace feliz.
¿Qué respuestas existen para combatir la extorsión? ¿Han sido eficaces? ¿Cuál es el nivel de desconfianza de la comunidad en el Gobierno y cuáles son los motivos para ello?
¿Qué otros actores del Estado pueden tener interlocución con las víctimas?
¿Cuál es la cifra negra?
¿Qué información existe sobre el alcance de la corrupción en las instituciones policiales, ministeriales y judiciales?
¿Cuáles son los beneficios y riesgos de una respuesta contundente? ¿Cómo participa actualmente la ciudadanía en la elaboración de una respuesta? ¿Cuál es el efecto mediático de la extorsión?
Si no hay cuestionamiento y comprensión de este fenómeno delictivo, no habrá negación, sino también respuestas erráticas.
Más aún, si queremos resultados diferentes, debemos de hacer las cosas de manera diferente.