Analicé con detenimiento las campañas de los 64 candidatos(as) que aspiran a ser ministro(a) de la Suprema Corte de Justicia. Me empapé de sus principales propuestas y de los motivos que dan para querer el cargo. También leí su trayectoria y visité sus redes sociales.
Considero que hay tres grandes tipos de campañas.
Primero, los “perdidos”. En mi opinión, los más extraños. Son candidatos que no parecen entender cuáles son las atribuciones de un ministro. Centran sus propuestas en aspectos inviables que usurpan facultades de otros poderes o que no corresponden a funciones de la Corte.
Por ejemplo, Raymundo Espinoza (morado 42) propone revisar los planes y programas de estudio en las facultades de Derecho, algo que es competencia de la SEP y las universidades. También está Cynthia Ortiz (morada 24), quien propone erradicar una “red de coyotes estafadores”, esto es, abogados que lucran con la desesperación de las familias, algo que más bien sería competencia de las fiscalías. Finalmente está Alma Delia González (morada 13), quien propone una certificación obligatoria para ministros cada cuatro años, atribución que no le corresponde a un ministro.
Un segundo tipo de campaña son los que creen que “se lo merecen”. Candidatos que aseguran que deben ser ministros porque tienen muchos títulos académicos; una insensatez, pues existe mucha gente preparada que no tiene ni los valores ni la visión social correcta para ser ministros.
Creyentes de una especie de aristocracia académica, algunos candidatos nos dicen que debemos votar por ellos porque fueron mucho tiempo a la escuela o porque ya se lo merecen. Edgar Corzo (morado 38) dice que su motivación para ser ministro es que “está más preparado que nunca”. Jaime Allier (morado 35) cita como principal motivación que le gustaría tener el más alto cargo posible. Y Mónica Arcelia Güicho (morado 15) dice que se ha formado para ser ministra.
Finalmente, hay un tercer grupo de candidatos que sí entienden de qué se trata la elección. La elección no se trata de proponer aspectos inviables que suenen bien o de mostrarnos sus títulos.
La elección se trata de conocer la ideología jurisdiccional de los candidatos, es decir, qué papel tomarán en la interpretación y aplicación de la ley. En saber si, en esos momentos, los ministros(as) se alinearán con el poder económico o político en turno, o si tendrán el valor de tener criterios jurisdiccionales que privilegien a los trabajadores y los grupos vulnerables.
Hasta ahora me han sorprendido de manera positiva perfiles como el de Ana María Ibarra Olguín (morada 17), quien asegura que “juzgará empatizando con las personas más vulnerables, porque tratar igual a los desiguales es profundizar la injusticia”. Y el de Arely Reyes Terán (morada 25), quien propone abanderar criterios jurídicos que desarrollen el concepto de interés público.
Pronto haré público en mis redes sociales mi listado de candidatos, con los aspectos que considero positivos o negativos de sus propuestas, así como los focos rojos que veo en algunos perfiles. Espero que mis comentarios sirvan para informar el voto de mis lectores y abrir un debate público sobre nuestras preferencias electorales.
Lo contenido en este texto es publicado por su autora en su carácter exclusivo como profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña.