María José, una adolescente de 17 años, fue asesinada por su vecino en su propia casa ubicada en la alcaldía Iztacalco. Fernanda Guadalupe, de 23 años, fue asfixiada y localizada sin vida en su casa en el Estado de México. Dos trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Guadalajara fueron acuchilladas por un hombre que ingresó armado al plantel, ambas fallecieron. La cantante Yrma Lydya falleció luego de que su esposo le disparó con un arma de fuego en un restaurante de la Ciudad de México. En todos los casos, los feminicidas murieron sin ser sentenciados.
Ya sea por suicidio o por causas no esclarecidas por completo, como el reciente caso de Miguel Cortés -mejor conocido como “El feminicida de Iztacalco”-, el deceso de los presuntos responsables del asesinato de mujeres se suma al listado de obstáculos que las víctimas enfrentan para acceder a la justicia en México.
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Dicho factor ha dejado un sabor de boca agridulce para la opinión pública pues, mientras algunos aplauden el deceso de los presuntos responsables de los crímenes, para las familias de las víctimas solo queda la interrogante: ¿y ahora, qué sigue?
Cuando la muerte se adelanta a la justicia
El Centro de Estudios Institucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) define como acceso a la justicia a un derecho fundamental que se relaciona con todos los derechos, toda vez que se erige como un instrumento para su protección y garantía.
"Se trata de un principio básico del Estado de Derecho: sin acceso a la justicia, las personas no pueden defender sus derechos y no pueden frenar los abusos que sufren por parte de los órganos estatales, las autoridades u otras personas", explica por su parte el Faro Democrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Pese a ser un derecho que cualquier persona puede hacer valer, en el caso específico de los feminicidios, existen múltiples factores que se convierten en obstáculos para que las víctimas puedan ejercerlo.
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La debilidad institucional, que pasa por la revictimización y hasta la lucha por la tipificación de delitos cometidos en contra de las mujeres por razones de género, forma parte del amplio listado de obstáculos que las víctimas tienen que atravesar para acceder a la justicia.
DATo...¿Cómo se define a una víctima?
El concepto de víctima de violencia se refiere a una persona que experimenta una agresión física o psicológica por parte de otra personas o entidad que afecta su cuerpo y mente, además de vulnerar sus derechos y vida cotidiana.De acuerdo con el investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, Alfredo Guerrero Tapia, la agresión no sólo se ejerce contra la víctima, sino contra su entorno, es decir, repercute en todas las personas relacionadas. Es así como, por ejemplo, familiares de víctimas de feminicidio o desaparición, se convierten en víctimas en segundo grado.
Al desalentador panorama se suma un factor tan inevitable como real: la muerte.
Si bien el hartazgo, provocado por los múltiples feminicidios ocurridos en México, hace que la muerte de los presuntos responsables sea festejada por parte de la opinión pública, esto no es sinónimo de justicia para las víctimas.
De acuerdo con el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existen 10 causas bajo las cuales se puede lograr la extinción de la acción penal en contra de quien este acusado de cometer algún ilícito: 1) Cumplimento de la pena o medida de seguridad, 2) Muerte del acusado o sentenciado, 3) Reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia, 4) Perdón de la persona ofendida en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente, 5) Indulto, 6) Amnistía, 7) Prescripción, 8) Supresión del tipo penal, 9) Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso instaurado por los mismos hechos o 10) El cumplimento del criterio de oportunidad o la solución alterna correspondiente.
La muerte de los feminicidas extingue la acción penal en su contra así como las sanciones que se les hubieren impuesto, a excepción de la reparación del daño y la de decomiso de los instrumentos con que se cometió el delito y de las cosas que sean efecto u objeto de él.
El Código Penal Federal plantea en su artículo 30 que la reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y la afectación sufrida que comprende, entre muchos otros puntos, la indemnización del daño material y moral causado -incluyendo la atención médica y psicológica-.
Pese a que dicho acceso continúa abierto pese a la muerte del acusado, no es tampoco sinónimo de justicia, dado que ésta se cumple cuando los imputados reciben y cumplen la pena correspondiente a sus actos conforme al derecho.
Partiendo desde el principio de la “no repetición”, el fallecimiento de los procesados también abona a un panorama desfavorable para el acceso a la justicia en casos de feminicidios pues aunque ellos desaparezcan, el problema persiste y se repite con nuevas víctimas y victimarios que se escudan en la impunidad que prevalece en muchos de los casos.
Los feminicidios sin justicia por la muerte de victimarios
El caso más reciente en que un feminicida murió sin ser procesado y castigado por sus crímenes es el de Miguel Cortés, mejor conocido como el “Feminicida de Iztacalco”. Tras atacar a la adolescente María José y a su madre Cassandra, las autoridades capitalinas detuvieron al hombre que, hasta entonces, era sólo un químico de profesión.
Tras un cateo en su domicilio, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) encontraron indicios biológicos -incluyendo sangre y restos óseos- que vincularon a Miguel “N” con la desaparición y feminicidio de otras víctimas en la misma demarcación.
Por dichos hechos fue vinculado a proceso y permanecía en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente hasta que el pasado domingo 13 de abril fue reportado su fallecimiento tras una supuesta caída al interior del penal.
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En una situación similar falleció el feminicida de la cantante Yrma Lydya, quien se encontraba privado de la libertad en el Reclusorio Norte tras haber disparado un arma de fuego en contra de su esposa al interior de un restaurante en la colonia Del Valle de la Ciudad de México en junio de 2022. La FGJ-CdMx informó que Jesús Hernández Alcocer, de 79 años de edad, perdió la vida por causas naturales.
Gabriel Alejandro Galaviz, feminicida de dos trabajadoras de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, se lanzó de una altura de seis metros cuando tendía su ropa al interior del Reclusorio Metropolitano de Puente Grande. Horas más tarde falleció en un hospital civil de la capital jalisciense.
Con tan sólo 20 años, el joven había sido vinculado a proceso por el doble feminicidio ocurrido el 6 de marzo de 2024 y, aunque trascendió que autoridades penitenciarias tenían conocimiento de su tendencia suicida, poco se hizo para evitar que atentara contra su vida y, de este modo, dejara a las víctimas sin acceso a la justicia.
En 2023, Raymundo "N" se suicidó en su celda del penal de Zumpango en el Estado de México mientras enfrentaba un proceso penal por el feminicidio de Fernanda Guadalupe Martínez Libreros, su pareja sentimental de 23 años.
En dicho caso, el imputado fue procesado luego de haber asfixiado a la víctima y de haber colgado su cuerpo para aparentar un suicidio, versión que peritos de la fiscalía mexiquense desacreditaron tras realizar las primeras diligencias en la escena del crimen.
La lista de feminicidas que murieron antes de ser sentenciados o de cumplir con su respectiva condena es amplia. Sin embargo, éste factor no es exclusivo de dicho delito sino que también se presenta en otros casos, poniendo en perspectiva no sólo lo burocráticos que llegan a ser los procedimientos penales sino también la forma de proveer justicia a las víctimas cuando éstas situaciones se presentan.
ATJ