Mujeres mayas, otomíes, mazahuas, mixtecas, tsotsiles, mixes, son las que resisten los ajustes presupuestales en México para afrontar la crisis por la pandemia del covid-19. El gobierno ha cancelado los recursos públicos que les permitían operar las llamadas Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami), donde ofrecen atención especializada desde hace 17 años a las indígenas que enfrentan violencia o buscan atender su salud sexual y reproductiva.
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Desde la frontera norte, al sur del país, las reporteras de la Red Nacional de Periodistas (RNP) recopilaron los testimonios de las dirigentes indígenas de las Cami de Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Oaxaca y Tijuana que serán presentados en las siguientes entregas. Todas reportan que sin ningún apoyo gubernamental, intentan atender en medio de la emergencia sanitaria la creciente demanda de atención a la salud y casos de violencia de género.
Las 35 Cami que existen a lo largo del territorio mexicano son espacios dirigidos autónomamente por indígenas y afromexicanas, quienes desde sus propias culturas y lenguas originarias ofrecen servicios cercanos de prevención y atención de la violencia de género, además de contribuir a disminuir otras problemáticas como la mortalidad materna o el embarazo adolescente.
Los recursos de las Cami los provee el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI); sin embargo, las medidas de austeridad con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido enfrentar la crisis de la pandemia quitó los apoyos a estas casas que atienden a una población históricamente invisibilizada: las mujeres y niñas indígenas.
Reunidas en la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, el 30 de abril en una misiva apelaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a intervenir para no perder los recursos públicos. Expresaban que ante la pandemia entendían la situación crítica y las medidas que debía tomar el gobierno federal, pero ellas eran “la única opción de apoyo para las mujeres de nuestros pueblos”.
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Para el 22 de mayo el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, confirmó su temor: quedaban cancelados los recursos para el programa de Fortalecimiento de los Pueblos Indígenas, dentro del cual, se encontraban las Cami. El presidente López Obrador había priorizado en su decreto de austeridad recursos para otros proyectos como la construcción del Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
GUERRERO, LA PRIMERA PÉRDIDA
La construcción de la primera Cami se remonta a 2003 en el municipio de Ometepec en Guerrero. Las mujeres de esta entidad son las que han instaurado el mayor número de casas distribuidas en los municipios de San Luis Acatlán, Chilapa, Ometepec, Acatepec, Ayutla de los Libres y Metlatónoc. Está cerrada desde abril por la falta de recursos.
La presidenta de la Cami en San Luis Acatlán, Apolonia Plácido Valerio, opinó que la cancelación de fondos es violencia institucional, discriminación a las mujeres y un reflejo de que las autoridades no le dan importancia a la erradicación de la violencia contra las indígenas, mestizas y afromexicanas. En lo mismo concordó Francisca de la Cruz Victoria, presidenta de la Cami de Ometepec, “Es el primer año que nos hacen esto, este gobierno nos está cerrando las puertas, no cree en el trabajo que las mujeres estamos realizando. Es preocupante”, denunció.
En entrevistas separadas, la dirigente de la casa pionera, Francisca de la Cruz, lamentó que si no reciben el dinero no tendrán para la compra de alimentos, traslados para las víctimas y el mantenimiento de la casa, pues el servicio que otorgan, al igual que el resto, es gratuito.
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En Ometepec, la Cami logra abarcar territorios donde no llegan los servicios de salud para las mujeres indígenas que viven en las montañas, si este espacio desaparece no hay institución que sustituya su quehacer.
Los fondos asignados a las Cami también servían para realizar talleres en escuelas y comunidades sobre salud sexual y reproductiva entre otros temas referentes a los derechos humanos de las mujeres. De acuerdo a la fase en la que se encontraba la Cami, que va desde la inicial, fortalecimiento y consolidación, recibían del INPI desde 500 mil hasta un millón de pesos al año.
La lideresa de la Cami de Chilapa, Brígida Chautla Ramos, refirió que el recurso era ya poco para cubrir las necesidades. En los meses de junio a diciembre se ejercía el apoyo económico total, de enero a febrero se ingresaban las propuestas al INPI y en el mes de abril recibían respuesta. Para complementar sus recursos gestionan apoyos a través de becas en el Instituto de la Mujer local o en organizaciones civiles como Fondo Semillas pues, pese a que el ayuntamiento conoce el servicio que otorgan, no obtienen respaldo.
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En Chilapa comenzaron a operar en mayo de 2011, ahí laboran 15 parteras tradicionales y promotoras indígenas que otorgan el acompañamiento, traducción y la canalización a tlapanecas y mixtecas que provienen de al menos ocho municipios cercanos.
En lo que va del año han atendido a 200 mujeres que estiman incrementen a más de mil a finales del mismo. “No podemos cerrar, pero también tenemos que tomar medidas, porque no tenemos las condiciones para seguir atendiendo a las mujeres; una, por el recurso y la otra, por la contingencia que estamos viviendo, no tenemos las condiciones, entonces solamente estamos canalizando”, señaló Brígida Chautla.
Con información de: *Rosalba Ramírez Hernández, Citlali López Velázquez, Sonia Rueda Olvera, Samantha Páez Guzmán, Jovana Espinosa Orta Y Hazel Zamora Mendieta.