Después de celebrar la firma del acuerdo de Coordinación para el Ejercicio de Facultades en Materia de Control y Fomento Sanitario con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para fortalecer la regulación sanitaria, optimizar recursos, restablecer la emisión de licencias sanitarias y asegurará el cumplimiento normativo de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado, el gobernador Julio Menchaca Salazar reconoció la posibilidad de emitir una nueva prórroga para concretar la transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) a una fiscalía estatal.
Lo anterior, ya que la última ampliación de plazo para ejecutar esta tarea, misma que inició en 2022, culmina en julio próximo y, ante los comentarios del Legislativo local sobre trabas en temas relacionados con derechos laborales del personal, revisión de nóminas y contratos, así como la reestructuración administrativa que garantice el respeto a los derechos de los trabajadores actuales durante la transición, que se tienen para cumplir la ley que pueden representar que no logren la transición en un plazo de tres meses, el mandatario estatal no rechazó la posibilidad de otro periodo de gracia, sin dar mayor detalle del tiempo.
“En algún momento platiqué con el ex presidente de la República de que la reforma judicial (cambio de Procuraduría a Fiscalía de la República) debiera empezar por la procuración de justicia, que es un cuello de botella; igualmente esperamos un profundo cambio a nivel federal, tenemos los elementos para seguir avanzando en la transición local, porque no es sólo hacer un cambio de nombre”, afirmó.
“Sacudida” al sistema
Menchaca Salazar recordó el retraso de cuatro años con el que se creó la Ley Orgánica de la Fiscalía General, donde se hizo desde el Senado un trabajo importante para la procuración de justicia desde los Ministerios Públicos, “que tuviera una sacudida en ese sentido, con esa experiencia necesitamos no sólo cambiar el nombre sino convertir a la fiscalía en algo accesible, donde se dé respuesta pronta y eficiente a quienes se sienten lastimados con normas penales que afectan la integridad y patrimonio”.
Por cuanto hace a la temporalidad para culminar esta transición, el Congreso local incluso estimó la posibilidad de empatar el proceso con la renovación del Poder Judicial local en 2027 y, ante pregunta expresa al gobernador de Hidalgo sobre qué tendría prioridad para garantizar su desarrollo, si la elección de personas juzgadoras o la transición a la fiscalía, sostuvo que “primero tenemos el ejercicio en junio de la elección del Poder Judicial de la Federación, se propuso este año (2027) para aprender lo que se va dar este año en la reforma federal y aplicarlo. Tenemos tiempo para este proceso intenso y nuevo, vamos a tener el tiempo suficiente para que se haga sea efectivo. En el caso de la transición a la fiscalía, es un proceso que se trabaja y debemos hacerlo en mejores condiciones posibles”.
Finalmente, cabe recordar que el Legislativo estatal reconoció la falta de elementos clave en el ámbito jurídico, administrativo y presupuestal para formalizar la conversión de la PGJEH, aunque para este 2025 se destinó un monto de 195 millones 502 mil 317 pesos para esta modificación, lo cual sumado a lo etiquetado en los ejercicios 2023 y 2024 asciende a un monto de 426 millones 797 mil 31 pesos para la transición a fiscalía general.