En las últimas semanas, el gobierno de México ha dado un paso decisivo para cumplir una aspiración popular respaldada por la Constitución y las leyes: recuperar el control nacional sobre la energía.
Ahora que se piden datos biométricos para casi todo, más de tres mil personas en México padecen el borrado de sus huellas, a riesgo de ser excluidas de servicios esenciales.